Tierras en disputa: la Justicia rechazó frenar la venta de campos a extranjeros y mantiene vigente la desregulación
El conflicto, lejos de quedar cerrado, promete continuar en los tribunales y en el Congreso. La discusión sobre la Ley de Tierras vuelve así a plantear un interrogante central: si la tierra es concebida exclusivamente como un activo sujeto a las reglas del mercado o también como un recurso estratégico cuya propiedad y concentración requieren límites en función del interés nacional.
La Justicia Federal rechazó la medida cautelar presentada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender la derogación de la Ley de Tierras, una decisión que deja nuevamente expuesto uno de los puntos más sensibles de la política de desregulación impulsada por el Gobierno: el alcance de la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales argentinas.
El juez Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, desestimó el pedido al considerar que los legisladores no lograron acreditar la existencia de “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que justificaran una medida de ese alcance.
La presentación buscaba suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Pichetto y Massot habían advertido que la ausencia de una medida preventiva podía permitir que durante el proceso judicial se consolidaran operaciones difíciles de revertir posteriormente.
El planteo adquirió mayor relevancia luego de que la Corte Suprema revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la norma, sino que cuestionó la legitimidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) para impulsar aquella demanda.
Para los diputados, aunque la Corte no resolvió directamente sobre la validez de la derogación, su decisión tuvo un efecto concreto: volvió a dejar plenamente operativos los cambios introducidos por el DNU y, con ellos, un escenario de mayor libertad para las operaciones sobre tierras rurales.
El rechazo judicial a la cautelar vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión que excede la discusión jurídica: qué nivel de protección debe mantener el Estado sobre un recurso estratégico como la tierra y cuáles son los límites entre la apertura de la economía, el derecho de propiedad y la preservación de la soberanía territorial.
Desde una perspectiva política, la controversia también revela una disputa más profunda sobre el modelo de país que se pretende construir. Mientras el Gobierno sostiene una estrategia orientada a eliminar regulaciones y ampliar la libertad de mercado, sus críticos advierten que la desregulación sobre activos estratégicos puede generar consecuencias difíciles de revertir y reducir la capacidad del Estado para proteger intereses considerados esenciales.
Tras conocerse el fallo, Pichetto cuestionó duramente la decisión judicial. El diputado advirtió que, mientras la Justicia demora una definición de fondo, podrían concretarse operaciones de venta que posteriormente resulten imposibles de deshacer, con consecuencias que calificó como graves para el patrimonio nacional.
“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”, sostuvo Pichetto en una publicación en X, donde además consideró que el rechazo de la cautelar podría anticipar un escenario desfavorable para la presentación judicial.
