24 de mayo de 2026

Stolbizer denuncia posible ilegalidad en transferencia de fondos del Enacom a Arsat

La diputada nacional Margarita Stolbizer ha presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo solicitando aclaraciones sobre una transferencia de 1.500 millones de pesos realizada por el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, a la empresa estatal Arsat.

Según Stolbizer, esta operación podría configurarse como ilegal, ya que contraviene las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 emitido por el presidente Javier Milei.

El DNU 70 establece una serie de medidas destinadas a restringir el financiamiento de empresas públicas con recursos estatales, prohibiendo específicamente la concesión de beneficios especiales. En este sentido, Stolbizer argumenta que la transferencia de fondos a Arsat se opone a los objetivos establecidos por el gobierno para evitar privilegios en la asignación de los recursos públicos y mejorar la gestión económica del país.

«Este tipo de maniobras no solo desafían la norma vigente, sino que también afectan la transparencia en el manejo del dinero público», expresó Stolbizer durante la presentación del pedido. La diputada enfatizó la necesidad de un control más riguroso sobre cómo se distribuyen los fondos estatales, especialmente en un contexto donde se busca implementar una política económica más ajustada.

Por su parte, Juan Martín Ozores no ha respondido públicamente a las acusaciones ni ha ofrecido explicaciones sobre la naturaleza y justificación de la transferencia de fondos a Arsat. La situación ha generado inquietud entre sectores de la oposición y diversas organizaciones civiles que abogan por una mayor claridad en el uso de los recursos públicos.

Margarita Stolbizer anunció que, si no recibe una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo en un plazo razonable, no dudará en tomar acciones adicionales para garantizar la rendición de cuentas en este caso. La controversia se enmarca en un clima político tenso en el cual el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas tanto por su enfoque fiscal como por la gestión de sus organismos.

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