Sin ingresos suficientes, cada vez más jubilados se ven obligados a volver a trabajar
El deterioro del poder adquisitivo de los jubilados está empujando a cada vez más adultos mayores a regresar al mercado laboral en busca de ingresos adicionales. El fenómeno expone no sólo la fragilidad de las prestaciones previsionales, sino también las dificultades de un mercado de trabajo que atraviesa un marcado proceso de precarización.
Durante el último año, más de 22.000 personas mayores de 66 años se incorporaron a actividades laborales desprotegidas para complementar sus ingresos. A la vez, miles continúan buscando empleo, en una señal de que la jubilación dejó de representar para muchos el cierre de la vida laboral y pasó a convertirse en una etapa atravesada por la necesidad de generar nuevos recursos.
Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), durante el primer trimestre de 2026 el 12,6% de las personas de 66 años o más quedó comprendido dentro del denominado “desempleo blue”, el nivel más elevado desde 2017. La medición amplía el registro tradicional del Indec al incorporar, a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a adultos mayores que buscan trabajo, trabajaron ninguna o muy pocas horas durante la semana de referencia y lo hicieron en actividades consideradas desprotegidas.
La categoría incluye a trabajadores sin aportes, sin antigüedad en sus tareas y que no reúnen determinadas condiciones de formalidad o respaldo económico. Bajo este criterio, la cantidad de adultos mayores que buscan empleo asciende a unas 68.700 personas, al sumar la desocupación registrada oficialmente y el universo ampliado.
El dato adquiere especial relevancia porque se produce en paralelo con un mercado laboral que no logra generar suficientes puestos formales. En lugar de absorber a quienes ingresan cada año a la población económicamente activa, el sistema también enfrenta la presión adicional de trabajadores que necesitan sumar ocupaciones debido a la caída de sus ingresos y de jubilados que deben volver a trabajar para sostener su nivel de vida.
El contraste se vuelve aún más evidente al observar el empleo desprotegido entre los mayores de 66 años. En el primer trimestre de 2026 alcanzó al 7,7%, equivalente a unas 42.000 personas, frente al 3,8% registrado en igual período de 2025, cuando eran alrededor de 19.700. En apenas un año, por lo tanto, más de 22.000 adultos mayores se sumaron a este segmento del mercado laboral.
El escenario plantea una paradoja: mientras la jubilación debería garantizar una etapa de retiro con ingresos suficientes, una proporción creciente de jubilados se ve obligada a prolongar o retomar su actividad económica. La consecuencia no es únicamente social. También incrementa la competencia por puestos de trabajo en un mercado que ya presenta dificultades para crear empleo registrado y estable.
El problema se vincula directamente con la pérdida de poder de compra de las jubilaciones y con el ajuste aplicado sobre el gasto social durante la gestión de Javier Milei. La distancia entre los ingresos previsionales y el costo de vida deja en evidencia una brecha cada vez más difícil de sostener.
El informe señala que la canasta básica de los jubilados llegó a $1.824.682, mientras que alrededor de 4,5 millones de personas perciben la jubilación mínima de $369.672,30, a la que se suma un bono de $70.000. La diferencia entre ambos valores ayuda a explicar por qué una parte de los adultos mayores busca ingresos complementarios aun después de haber cumplido la edad jubilatoria.
Más que un dato aislado sobre el comportamiento de los jubilados, el fenómeno revela una transformación más profunda: la insuficiencia de los ingresos previsionales comienza a trasladar parte del costo del ajuste hacia los propios adultos mayores, que deben compensar con trabajo aquello que sus jubilaciones ya no alcanzan a cubrir. Y lo hacen dentro de un mercado laboral que, lejos de ofrecer una salida estable, los incorpora principalmente mediante modalidades informales y precarias.
