Alerta en los centros de diálisis: advierten que el recorte de PAMI pone en riesgo la atención de pacientes renales
La situación económica de los centros de diálisis volvió a generar preocupación en el sistema sanitario. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina advirtió que la reducción de los recursos destinados por PAMI al tratamiento renal está llevando al sector a un escenario cada vez más difícil de sostener.
Según la entidad, el problema alcanza a más de 200 centros distribuidos en todo el país y podría afectar la atención de unos 4.700 afiliados de PAMI que requieren tratamientos de diálisis de manera regular, consignó la Agencia NA. Se trata de pacientes que dependen de una prestación médica de alta complejidad y cuya continuidad no puede quedar condicionada por las dificultades financieras de los prestadores.
Uno de los principales puntos de conflicto es el denominado “módulo PAMI”, mecanismo utilizado para determinar, entre otros aspectos, cuánto abona el organismo por cada sesión de diálisis. De acuerdo con la Confederación, ese valor permanece sin actualización desde hace aproximadamente un año y medio y, además, sufrió una reducción del 8%.
El reclamo adquiere mayor dimensión si se lo contrasta con la evolución de los costos. La entidad señaló que la inflación acumulada fue del 33,1% durante 2025 y del 19,3% en lo que va del año, mientras que los especialistas estiman que sería necesario un incremento cercano al 50% en el valor de la prestación para recuperar el terreno perdido.
Una ecuación cada vez más difícil para los prestadores
Desde la Confederación señalaron que durante los últimos meses se realizaron diferentes gestiones ante las autoridades de PAMI para solicitar una actualización del valor de las prácticas. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no obtuvieron una respuesta capaz de modificar el escenario.
El problema se vuelve todavía más complejo en los centros ubicados fuera de los grandes centros urbanos. Según denunciaron, esos establecimientos deben afrontar gastos adicionales vinculados con el traslado de los pacientes, las intervenciones vasculares necesarias antes de comenzar determinados tratamientos y hasta la alimentación de quienes concurren a las sesiones.
La dificultad radica en que mientras el monto que reciben por la prestación permanece retrasado, buena parte de esos costos se actualiza de manera periódica. De esta forma, los prestadores enfrentan una brecha creciente entre los ingresos que reciben y los gastos necesarios para mantener operativo el servicio.
El riesgo de trasladar el ajuste al sistema de salud
El planteo de los centros de diálisis expone una problemática que excede la discusión sobre tarifas: cuando los recursos destinados a una prestación médica compleja pierden poder de compra, el impacto puede terminar trasladándose a la calidad y disponibilidad de la atención.
Los prestadores aseguran que continuarán brindando el tratamiento mientras sus posibilidades lo permitan, pero advierten que la situación se encuentra en un límite crítico. La advertencia resulta especialmente sensible porque la diálisis no constituye una práctica que pueda suspenderse o postergarse sin consecuencias para quienes dependen de ella.
Desde una perspectiva crítica, el conflicto plantea una contradicción entre la necesidad de contener el gasto público y la obligación de garantizar prestaciones esenciales. Reducir o congelar recursos puede aliviar las cuentas en el corto plazo, pero si la financiación deja de cubrir los costos reales de una práctica indispensable, el ahorro puede convertirse en un problema sanitario y económico mucho mayor.
La Confederación reclamó, por eso, una respuesta urgente de PAMI y pidió que se revise el esquema de financiamiento. El desafío para el organismo será encontrar un equilibrio que permita administrar los recursos públicos sin poner en riesgo la continuidad de un tratamiento del que dependen miles de jubilados y pensionados en todo el país.
