Se filtran los proyectos de los diputados libertarios para liberar a genocidas
Estas propuestas buscaban reducir el tiempo máximo para condenar tales crímenes a 25 años y permitir salidas transitorias para los condenados.
La diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, que formó parte de la comitiva de libertarios que visitó a genocidas en la cárcel de Ezeiza, reveló este domingo los proyectos de decreto presidencial que sus colegas del bloque habían estado elaborando con abogados y juristas para facilitar la liberación de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En su cuenta de X, Arrieta publicó los borradores de los proyectos junto con un mensaje en el que explicó: “Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”. La publicación incluyó 13 páginas de los documentos.
El sábado, Arrieta, quien podría ser expulsada del bloque de La Libertad Avanza en las próximas horas, había compartido una serie de chats en la misma red social que mostraban la coordinación de la visita a los represores en el Penal de Ezeiza. Su publicación, titulada “No más impunidad”, involucraba a varios de sus colegas y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El proyecto de decreto presidencial propuesto incluía tres artículos principales:
- Artículo 1: Establece un plazo máximo de 25 años para que el Estado emita una sentencia definitiva en casos penales, comenzando desde la comisión del delito o desde la mayoría de edad si la víctima era menor. El plazo se suspendería si se interrumpe la vida democrática del país. Pasado este tiempo, la acción penal se extinguiría.
- Artículo 2: El plazo no aplicaría a quienes estén prófugos de la Justicia o hayan sido declarados rebeldes en sus procesos al momento de sancionarse el decreto.
- Artículo 3: Dispone que el decreto se comunique, publique, y archive oficialmente.
Este proyecto contraviene el concepto de delito de lesa humanidad establecido por la ONU, que define estos crímenes como atroces y sistemáticos contra la población civil y que no están sujetos a prescripción, amnistía o indulto según el Estatuto de Roma. La propuesta de limitar el plazo para el juicio a 25 años desafía estos principios internacionales.
