Salta: Denuncian despidos sin causa en el proyecto de minería de litio Centenario-Ratones
El caso expone la distancia entre la retórica del “boom del litio” y la realidad del empleo local. Si las promesas públicas enfatizan cifras globales de inversión y exportaciones, los conflictos actuales revelan que la calidad, estabilidad y encuadre salarial del trabajo generado siguen siendo variables críticas.
A casi tres años de los anuncios oficiales que celebraban la creación de 2.000 empleos en la puna salteña, el proyecto de litio Centenario-Ratones —operado por la francesa Eramine Sudamérica y vinculado al grupo Eramet— vuelve a escena, pero no por sus metas productivas sino por denuncias de despidos sin causa, tercerización y salarios por debajo de los estándares del sector.
En abril de 2023, durante el gobierno anterior, la entonces secretaria de Energía Flavia Royón presentó la iniciativa como un motor de desarrollo regional capaz de generar casi 2.000 puestos de trabajo en su etapa de construcción. El entonces ministro de Economía Sergio Massa reforzó esa narrativa al proyectar exportaciones por 74 millones de dólares en 2024 y hasta 300 millones en 2026, en el marco de una estrategia nacional para posicionar a la Argentina como proveedor clave en el mercado global del litio.
La inversión estimada, de 680 millones de dólares, y la participación accionaria —50,1% en manos de Eramet con control operativo y 49,9% de la china Tsingshan, que financia la construcción— consolidaron la idea de que el litio sería sinónimo de empleo, divisas y modernización tecnológica, especialmente al tratarse de un proyecto que destaca la extracción directa como diferencial productivo.
Sin embargo, la reciente denuncia de despidos en la planta ubicada en el Salar Centenario Ratones tensiona esa narrativa. Trabajadores cesanteados sostienen que fueron reemplazados por personal tercerizado proveniente de Tucumán, con salarios inferiores y encuadrados en la categoría más baja del sector. Según testimonios recogidos por Página/12, los nuevos operarios percibirían alrededor de 1,2 millones de pesos mensuales, un monto que —afirman— se ubica por debajo de lo que cobraban quienes fueron desvinculados.
Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) relativizaron la situación al encuadrarla dentro de la “dinámica normal” de la industria: la etapa de construcción demanda hasta 2.000 trabajadores, pero una vez finalizada —entre tres y cuatro años después— la dotación permanente se reduce de manera significativa. El argumento sindical, además, subraya que muchos empleados de la fase inicial pertenecen a la UOCRA y no al gremio minero, y que mientras se abonen las indemnizaciones correspondientes, no existe margen formal de intervención.
El conflicto reabre un debate estructural: ¿cuál es el verdadero impacto laboral de las inversiones mineras en la Argentina? La experiencia de Centenario-Ratones sugiere que los picos de empleo suelen ser transitorios y asociados a la construcción, mientras que la operación estable requiere una plantilla mucho menor y altamente tecnificada. En ese tránsito, la tercerización y la presión a la baja sobre los salarios aparecen como mecanismos frecuentes para reducir costos.
