Reprimir a la vejez: otra jornada de violencia policial, jubilado terminó con un brazo fracturado
La imagen de policías armados frente a ancianos con bastones resume una contradicción profunda: el Estado que debería protegerlos, los hiere. Y en esa escena, más que una postal de represión, se dibuja una advertencia: cuando la fuerza sustituye al diálogo, la democracia se debilita, y el miedo vuelve a ocupar el espacio que deberían llenar los derechos.
La escena se repite con inquietante frecuencia: cada miércoles, frente al Congreso de la Nación, los jubilados reclaman pacíficamente por lo que les corresponde —mejores haberes y medicamentos gratuitos—, y cada miércoles, la respuesta del Estado se traduce en un despliegue policial que roza el absurdo. La jornada de hoy no fue la excepción.
Bajo el mando político de Patricia Bullrich, la Policía volvió a protagonizar episodios de represión injustificada, que esta vez tuvieron como víctima a Ramón, conocido entre sus compañeros como “el Tigre”.
Ramón fue empujado violentamente por efectivos mientras caminaba, según relataron testigos. El golpe lo hizo caer al suelo, provocándole una fractura de brazo que requirió internación en el Hospital Ramos Mejía, donde será intervenido quirúrgicamente. “No estábamos haciendo nada, solo reclamando con carteles. Lo empujaron sin motivo”, denunció Mónica, una de las manifestantes. Su testimonio refleja no solo indignación, sino también un dolor colectivo: el de una generación que vuelve a ver la violencia institucional en las calles, en plena democracia.
El caso de Ramón no es aislado. Desde que comenzaron las movilizaciones semanales de jubilados, los incidentes se han acumulado. En marzo, el fotógrafo independiente Pablo Grillo fue gravemente herido por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía, lo que le causó traumatismo de cráneo y fracturas múltiples. En otro episodio, Beatriz Bianco, de 87 años, sufrió una caída y un traumatismo craneano tras ser agredida por efectivos durante una protesta.
La reiteración de estos hechos plantea una pregunta que trasciende la coyuntura: ¿qué mensaje transmite un gobierno que responde con golpes y gases a quienes apenas pueden sostener un cartel? La represión contra los jubilados expone una política de seguridad que, bajo la retórica del orden, termina castigando la vulnerabilidad y criminalizando la protesta social.
