Represión a los jubilados frente al Congreso: un operativo desmedido que criminaliza la protesta social
Lejos de propiciar el diálogo o garantizar el derecho constitucional a manifestarse, el Gobierno respondió con más de 1.000 efectivos de fuerzas federales, encabezados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En una nueva jornada de reclamo por condiciones dignas de vida, jubilados y pensionados que marcharon hacia el Congreso Nacional fueron recibidos con un desproporcionado operativo de seguridad que terminó con al menos dos heridos y múltiples denuncias por represión.
La movilización, que contó con el respaldo de trabajadores del CONICET y personal del Hospital Garrahan, se realizó con el objetivo de exigir un aumento en los haberes previsionales, la continuidad de la moratoria jubilatoria y la restitución de medicamentos gratuitos, todos reclamos vinculados al deterioro económico provocado por la reciente devaluación impuesta por el Ejecutivo.
A pesar del carácter pacífico de la protesta, el operativo de las fuerzas de seguridad –que incluyó a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval– cercó a los manifestantes y empleó la fuerza para impedir que ocupen la calzada de la Avenida Rivadavia. Las imágenes de adultos mayores siendo empujados violentamente por los uniformados evidencian una escalada represiva preocupante.
Una política de criminalización del reclamo
Este tipo de despliegues no es aislado. La política de seguridad del actual Gobierno parece haberse transformado en una herramienta de disciplinamiento frente al descontento social. La criminalización de sectores históricamente vulnerables, como los jubilados, representa una alarmante profundización del autoritarismo institucional. En lugar de ofrecer respuestas estructurales a las demandas, el Estado opta por acallar el malestar con uniformes y cercos.
Cabe preguntarse si este despliegue de recursos no debería estar orientado a garantizar mejores condiciones de vida para quienes dedicaron su vida al trabajo, y no a contenerlos como si fueran una amenaza al orden público. La presencia de científicos y personal médico como acompañantes del reclamo refuerza el carácter transversal de esta lucha: se trata de una defensa de lo público, lo digno y lo justo.
Los hechos ocurridos frente al Congreso no solo evidencian la insensibilidad del Gobierno hacia los adultos mayores, sino también un preocupante avance sobre el derecho a la protesta. Mientras se militariza el espacio público, se desfinancian políticas sociales claves.
En este escenario, urge que la sociedad y los organismos de derechos humanos exijan una revisión urgente del uso de la fuerza como respuesta a demandas legítimas, y que se restituyan canales de diálogo real con los sectores postergados. Porque reprimir a los jubilados es, en definitiva, reprimir el futuro de todos.
