Ajuste sin efecto rebote: el Estado despide 2.000 trabajadores por mes y el sector privado no genera empleo
El resultado es un mercado de trabajo más reducido y fragmentado, donde la promesa de reasignación eficiente de recursos hacia el sector privado no se materializa, y donde el ajuste fiscal se traduce, en los hechos, en una pérdida neta de empleo registrado.
El recorte sostenido del empleo público durante la gestión de Javier Milei empieza a mostrar un efecto que contradice uno de los supuestos centrales del programa oficial: la reducción del Estado no está siendo compensada por una expansión del sector privado, sino que convive con una contracción general del mercado laboral.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la dotación de personal del sector público nacional pasó de 341.000 trabajadores en diciembre de 2023 a 280.000 en febrero de 2026.
La pérdida de 61.000 empleos —casi un 20% del total— implica un promedio superior a los 2.000 despidos mensuales, con picos que alcanzaron los 7.700 cesanteados en enero de 2024.
El ajuste se concentró especialmente en organismos descentralizados, donde la reducción de personal superó el 30%, aunque también impactó con fuerza en ministerios, empresas estatales y áreas sensibles. La reestructuración incluyó directamente el cierre o vaciamiento de entidades como el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Sin embargo, el dato más significativo emerge al contrastar este proceso con la evolución del empleo privado. De acuerdo con cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino, lejos de absorber la mano de obra expulsada del Estado, el sector privado también destruyó más de 200.000 puestos de trabajo en el mismo período.
Este doble movimiento —achicamiento del Estado y retracción del empleo privado— sugiere un escenario de contracción económica más amplio, asociado a la caída del consumo interno y a un esquema de apertura importadora que presiona sobre la producción local.
En este contexto, el impacto no se limita a las estadísticas laborales. También redefine el rol de los actores sindicales, que pasan de discutir mejoras salariales o recuperación de la actividad a concentrarse en garantizar indemnizaciones ante una ola de despidos persistente.
