Reforma laboral: Las pymes cuestionan cinco artículos claves
La objeción no parte de sectores tradicionalmente opositores, sino de cámaras empresarias que, aun respaldando el “espíritu” de la iniciativa, advierten que ciertos cambios podrían generar más incertidumbre, litigiosidad y asimetrías competitivas.
Mientras las definiciones centrales de la reforma laboral se negocian por fuera del Congreso, el oficialismo activó en el Senado una “comisión técnica” que dejó al descubierto un punto sensible del proyecto: la resistencia de las pequeñas y medianas empresas a cinco artículos considerados críticos.
En una presentación conjunta ante la asesora Josefina Tajes —designada por la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich—, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) plantearon reparos que coinciden, en parte, con los reclamos de la CGT.
El señalamiento no es menor: las pymes concentran cerca del 80% del empleo y, según estas entidades, el proyecto no distingue adecuadamente su realidad de la de las grandes compañías.
El núcleo de la crítica se centra en la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (artículo 126). Para las cámaras, forzar renegociaciones permanentes no solo desgasta a empresas y sindicatos, sino que abre la puerta a vacíos legales y a un aumento de la litigiosidad, un riesgo especialmente alto para las pymes, que carecen de estructuras jurídicas robustas. El argumento empresarial converge con la advertencia sindical sobre la inestabilidad que podría generar la medida.
Otro punto de fricción son los artículos 130 y 131, que establecen la primacía de convenios de ámbito menor sobre los de alcance sectorial o nacional. Las cámaras sostienen que esta lógica debilita reglas comunes que hoy garantizan condiciones relativamente homogéneas y podría habilitar competencia desleal, en la medida en que empresas de mayor tamaño impongan acuerdos a la baja para ganar competitividad por costos laborales.
Para la CGT, el efecto sería una fragmentación de la negociación colectiva que deja a los trabajadores en una posición más vulnerable.
El artículo 132 también despierta reparos al facultar a la autoridad administrativa a suspender la homologación de convenios cuando se aleguen “distorsiones económicas graves”. Las entidades empresarias advierten que la redacción amplia introduce discrecionalidad y suma incertidumbre normativa, con impacto directo en la previsibilidad de las relaciones laborales.
Finalmente, el artículo 128 cuestiona la eliminación de aportes patronales obligatorios a cámaras empresarias. Según las entidades, esos fondos sostienen la representación sectorial, la capacitación y actividades en todo el país, por lo que suprimirlos debilita la estructura institucional del entramado productivo pyme.
Aunque se trata de cinco artículos dentro de un proyecto de más de 200, el posicionamiento conjunto de Adimra, CAME y CAC complejiza el escenario legislativo que el oficialismo da por relativamente despejado. La coincidencia parcial con la CGT sugiere que las tensiones no se ordenan solo en clave gobierno-sindicatos, sino que atraviesan al propio bloque empresario.
La CGT endurece el tono
Sin convocatoria aún para exponer en el Senado, la CGT evalúa profundizar su estrategia de presión. “No descartamos ninguna medida de fuerza”, advirtió Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, al reclamar cambios que contemplen a trabajadores y pymes.
Si bien la central prioriza el diálogo con senadores y gobernadores para modificar el texto, mantiene abiertas opciones como marchas o un paro si no encuentra receptividad. El trasfondo es claro: la reforma laboral, lejos de consolidar consensos, sigue revelando fisuras que el debate parlamentario deberá procesar.
