Reforma laboral en disputa: el oficialismo debate concesiones mientras se empantana la estrategia
Con parte del Gabinete de vacaciones y sin una conducción clara de la negociación parlamentaria, la mesa política oficialista aún no logra consensuar si el proyecto debe avanzar sin cambios o admitir modificaciones para destrabar su aprobación en el Congreso.
El Gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de indefinición interna en torno a la reforma laboral, una de las piezas centrales de su programa económico y político.
En el corazón del debate conviven dos posturas enfrentadas. Por un lado, un sector del Ejecutivo, que incluye a figuras clave como la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se muestra dispuesto a escuchar objeciones y evaluar ajustes acotados al texto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La condición, repiten, es no alterar el “espíritu” de la reforma, una definición ambigua que deja abierta la discusión sobre qué concesiones serían realmente aceptables.
Del otro lado, el ala más dura del oficialismo rechaza cualquier cambio adicional y sostiene que el proyecto ya fue lo suficientemente negociado durante su redacción. Para este sector, ceder ahora no solo debilitaría la iniciativa, sino que pondría en cuestión la autoridad política del Presidente y la coherencia de su agenda reformista. La tensión refleja una dificultad recurrente del Gobierno: combinar un discurso de ruptura con la necesidad práctica de construir mayorías legislativas.
Mientras tanto, el Senado se prepara para convertirse en el escenario central de la disputa. Durante la segunda semana de enero, un equipo encabezado por la abogada Josefina Tajes analizará las objeciones de los sectores críticos, con vistas a un debate más amplio previsto para el 26 del mes. El objetivo oficial es habilitar el tratamiento del proyecto en el tramo final de las sesiones extraordinarias, aunque los tiempos y los apoyos siguen siendo inciertos.
La coordinación política recae formalmente en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá articular posiciones divergentes y ordenar una estrategia común. En el Congreso, Bullrich y Martín Menem aparecen como las principales caras de la negociación, mientras que en el territorio el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador Eduardo “Lule” Menem buscan sumar respaldos provinciales.
El viaje de Santilli a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres marca el inicio de una ronda de gestiones que expone la dependencia del oficialismo de los acuerdos con los mandatarios locales.
Puertas adentro de la Casa Rosada reconocen que los mayores focos de resistencia se concentran en el capítulo tributario y en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que establece un aporte obligatorio del 3% del salario bruto por parte de los empleadores. Estos puntos, lejos de ser secundarios, tocan intereses sensibles del sector empresario y tensionan el relato oficial de reducción de cargas y estímulo al empleo.
Con la segunda mitad de las sesiones extraordinarias en el horizonte, el Gobierno enfrenta un dilema político: insistir en una reforma cerrada que reafirme su identidad ideológica o aceptar retoques que garanticen los votos necesarios para convertirla en ley.
La resolución de ese conflicto no solo definirá el futuro de la iniciativa, sino también la capacidad del oficialismo para transformar su ambición reformista en resultados concretos dentro de un Congreso que sigue mostrando límites claros a la lógica del decreto y la imposición.
