Reforma Laboral: diputados de JxC avanzan para que sea más barato despedir trabajadores

El futuro de la reforma a la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina se vislumbra en un panorama incierto. En una nación donde el empleo de calidad y la seguridad laboral son esenciales para el desarrollo de su economía, la lucha entre los intereses empresariales y las defensas de los derechos de los trabajadores promete ser un tema candente en la agenda política y social del país.

La reciente reforma impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR), el Pro y la Coalición Cívica en torno a la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) encendió un debate candente en el ámbito laboral argentino.

Esta reforma, que propone limitar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales por inflación, busca responder a un reclamo de larga data de las cámaras empresarias, que argumentan que la excesiva litigiosidad laboral ha derivado en lo que denominan «la industria del juicio».

El avance en este proceso legislativo se produjo cuando la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, liderada por el diputado Martín Tetaz, aprobó tres dictámenes: uno de mayoría, otro de minoría y un tercer dictamen que recomienda el rechazo de la iniciativa.

La fórmula contemplada en el proyecto propone un mecanismo que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con una tasa de interés anual del 3% para actualizar las indemnizaciones laborales. Esta estrategia tiene como fin alinear los ajustes con índices económicos más controlados y responder a las demandas empresariales de desactivar el colapso del sistema judicial laboral.

No obstante, este proyecto no está exento de controversias. Antes de llegar al recinto, la propuesta deberá ser revisada por la Comisión de Finanzas, presidida por el diputado Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza. Este paso podría demorar su tratamiento hasta 2025, a menos que se contemple su inclusión en sesiones extraordinarias. Desde el sector empresarial celebran el avance, argumentando que se trata de un paso necesario para fomentar un entorno de trabajo más saludable y atractivo para la inversión.

El contexto en que surge esta medida es un contexto marcado por un aumento significativo en la litigiosidad laboral. Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) reveló que, en los primeros diez meses de 2024, los juicios por riesgos laborales aumentaron un 7,6%, alcanzando la alarmante cifra de 105.960 casos.

Las organizaciones empresariales sostienen que el crecimiento de este tipo de demandas, sumado a la prolongada duración de los procesos judiciales, representa un grave obstáculo para la generación de empleos de calidad en el país. Desde su perspectiva, la innovación legislativa es una herramienta esencial para descomprimir la saturación en los tribunales y facilitar un clima laboral más dinámico.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta reforma. Los detractores advierten que limitar las indemnizaciones puede resultar perjudicial para los trabajadores, especialmente en un contexto de alta inflación en el que el poder adquisitivo sigue viéndose desmoronado. Estos críticos argumentan que tal medida podría desincentivar a los trabajadores a buscar amparo en el sistema judicial ante injusticias laborales, en un país que ha vivido períodos de fuerte crisis económica.

Desde el sector de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), se insiste en que una verdadera reforma estructural debe ir acompañada de una implementación efectiva de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias, un compromiso legal que se prometió en 2017. Esta medida, según afirman, podría aliviar la carga intelectual que actualmente soporta el sistema judicial, reduciendo la disputa y el número de juicios relacionados con accidentes laborales.