7 de julio de 2026

Reabren la causa contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la compra de vacunas Pfizer

Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia hicieron lugar a la apelación del fiscal Carlos Stornelli y revocaron el fallo del juez federal Ariel Lijo, quien había archivado la causa en diciembre de 2024 por considerar que no existía delito alguno.

La Cámara Federal porteña ordenó este martes reabrir la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández y a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en la demora de la adquisición de vacunas contra el Covid-19 al laboratorio Pfizer durante la pandemia.

En su resolución, los magistrados señalaron que persisten interrogantes en torno a las negociaciones entre el Estado argentino y Pfizer que no han sido adecuadamente exploradas. “Entendemos que aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas”, expresaron.

Asimismo, la Cámara destacó que la investigación no profundizó en los procesos de adquisición con otras farmacéuticas, a las que se les compraron vacunas con mayor antelación, lo que podría aportar elementos clave para el análisis del caso.

La causa fue iniciada en 2021 por un grupo de diputados de la oposición al entonces gobierno de Unión por la Patria, entre ellos Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Omar de Marchi, Álvaro de Lamadrid y otros legisladores que cuestionaban la demora en la llegada de las vacunas de Pfizer al país, que finalmente arribaron en septiembre de 2021.

Durante la pandemia, Argentina registró al menos 130.000 muertes por Covid-19, y estudios posteriores señalaron que el 90% de los fallecidos no se encontraban vacunados. Para la oposición, la demora en la llegada de las dosis fue determinante en la evolución de la crisis sanitaria.

El fallo de la Cámara obliga a reanudar la investigación y avanzar en la recopilación de pruebas sobre las gestiones realizadas por el Ejecutivo nacional durante los primeros meses críticos de la pandemia, en un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner bajo la lupa a dos de las principales figuras del último gobierno peronista.

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