Paraguay avanza contra Kueider: la fiscalía pidió dos años y dos meses de cárcel al exsenador
El pedido, presentado por el fiscal Ysrael Villalba ante un tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, representa un avance significativo en una causa que trasciende las fronteras y mantiene repercusiones políticas en Argentina.
La situación judicial del exsenador nacional Edgardo Kueider sumó un nuevo capítulo en Paraguay, donde la fiscalía solicitó una condena de dos años y dos meses de prisión tanto para el exlegislador entrerriano como para su exsecretaria, Iara Guinsel Costa.
La acusación está centrada en el presunto intento de contrabando, un delito cuya pena máxima podría alcanzar los cinco años de cárcel. Sin embargo, el Ministerio Público paraguayo consideró que corresponde una sanción menor debido a que la maniobra investigada no llegó a concretarse plenamente, criterio que derivó en el pedido de una condena reducida.
El planteo de la fiscalía choca con la estrategia de la defensa, que sostiene que el traslado de dinero en efectivo no encuadra técnicamente dentro de la figura penal de contrabando. Sobre esa base, los abogados solicitaron la absolución de ambos acusados. Durante el proceso, Kueider también rechazó las imputaciones y reiteró ante el tribunal que no cometió ningún delito.
Más allá de este expediente, el exsenador enfrenta otro foco de atención judicial en Paraguay. Las autoridades investigan la adquisición de seis departamentos y seis cocheras en Asunción, operaciones que despertaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados. Como medida preventiva, los inmuebles ya fueron embargados mientras continúa la pesquisa patrimonial.
El caso adquiere una dimensión mayor al analizar sus consecuencias en Argentina. Kueider permanece actualmente bajo arresto domiciliario en la capital paraguaya, condición que comparte con Guinsel Costa. No obstante, el tiempo transcurrido bajo esa modalidad podría ser descontado de una eventual condena si la Justicia finalmente dicta una sentencia adversa.
A ello se suma una reciente resolución de la Cámara Federal de San Martín, que rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por el exlegislador. Esta decisión implica que, de regresar al país, quedaría expuesto a una detención inmediata, consolidando un escenario judicial cada vez más complejo.
El avance de las investigaciones en Paraguay y las causas abiertas en Argentina reflejan cómo un expediente inicialmente vinculado a un presunto hecho aduanero terminó derivando en una trama de alcance político, patrimonial y judicial que sigue generando interrogantes sobre el origen de los fondos y las responsabilidades de los involucrados.
