Protesta masiva por discapacidad: denuncian recortes y retroceso de derechos ante la nueva ley oficial
La protesta no solo expresa rechazo a una ley en particular, sino que expone una crisis más profunda: la fragilidad de un sistema que, según los propios actores involucrados, está perdiendo capacidad de respuesta. El debate legislativo que se abre no será únicamente técnico, sino también político y social, en torno a qué modelo de inclusión y protección se pretende sostener.
La tensión en el sector de discapacidad escaló este miércoles con una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación Argentina, donde familiares, profesionales y organizaciones denunciaron un deterioro crítico del sistema y rechazaron el proyecto de ley impulsado por el Gobierno.
La iniciativa, que ya ingresó al Congreso bajo el argumento de combatir irregularidades en pensiones, es leída por los manifestantes como un ajuste encubierto que redefine el acceso a derechos básicos.
El reclamo no es abstracto: se traduce en interrupciones concretas de tratamientos, falta de cobertura y servicios al borde del colapso. “Mis hijas están sin terapia”, sintetizó una madre durante la protesta, reflejando una situación que, según los participantes, se replica en todo el país.
El proyecto oficial introduce cambios estructurales en el esquema vigente. Entre ellos, establece un reempadronamiento obligatorio para quienes perciben pensiones por discapacidad, quienes deberán volver a acreditar su condición médica y situación socioeconómica. El incumplimiento de este proceso implicaría la suspensión automática del beneficio, incluso bajo criterios preventivos si surgen inconsistencias en los cruces de datos con organismos estatales.
El núcleo del conflicto radica en que estas medidas trasladan la carga de la prueba a los beneficiarios y endurecen los requisitos en un contexto de alta vulnerabilidad. A esto se suma la posible derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793, lo que implicaría desarticular mecanismos de actualización y protección que habían sido ratificados previamente por el Congreso e incluso respaldados por la Justicia.
Otro punto sensible es el rediseño del esquema de ingresos: la pensión quedaría atada al 70% de la jubilación mínima y perdería adicionales por condiciones específicas, mientras que su actualización dejaría de ser mensual. En paralelo, el proyecto establece la incompatibilidad total entre la pensión y el empleo formal, una disposición que, lejos de fomentar la inclusión laboral, podría desalentarla al obligar a elegir entre trabajo o asistencia estatal.
Las críticas también alcanzan al financiamiento del sistema. Prestadores y transportistas advierten que los valores actuales resultan insuficientes para sostener servicios básicos, lo que ya está generando recortes en traslados, tratamientos e instituciones. La desregulación del nomenclador y la descentralización de fondos agregan incertidumbre sobre la continuidad y calidad de las prestaciones.
