Privatizaciones: tras la concesión de la Ruta 226 fueron despedidos al menos 120 trabajadores
A pocos días de concretarse el traspaso de la concesión, Corredores Viales avanzó con el despido de 120 trabajadores vinculados al sistema de peajes y a distintos servicios operativos de la traza.
La reciente adjudicación de la Ruta Nacional 226 a un consorcio privado volvió a poner en el centro del debate las consecuencias sociales y laborales del proceso de privatización promovido por el Gobierno nacional.
La medida afectó principalmente al personal de las cabinas de cobro ubicadas en el peaje de Hinojo, en el partido bonaerense de Olavarría, aunque también alcanzó a empleados de asistencia vial, grúas, mantenimiento, soporte técnico y control de cargas. Según denunciaron los trabajadores, las desvinculaciones se produjeron en la antesala de la toma de control por parte del nuevo concesionario, lo que alimentó las críticas sobre una transferencia de la explotación vial sin la continuidad de las fuentes laborales.
La concesión quedó en manos de una unión de empresas integrada por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, firmas que ya adelantaron la implementación de sistemas automatizados de cobro, una decisión que reduce la necesidad de personal en los peajes y profundiza la incertidumbre sobre el futuro del empleo en el sector.
Desde el ámbito político local, la medida generó fuertes cuestionamientos. Concejales opositores de Olavarría vincularon los despidos con una política de ajuste más amplia impulsada por la administración de Javier Milei y advirtieron sobre el impacto que tendrá en una ciudad que ya atraviesa dificultades laborales. Según sostienen, la privatización no sólo implica la pérdida inmediata de puestos de trabajo, sino que tampoco ofrece certezas sobre inversiones de magnitud que mejoren la infraestructura vial.
Las críticas también alcanzan al modelo de concesiones diseñado por el Ejecutivo. Organizaciones de usuarios viales sostienen que en los corredores ya privatizados las obras realizadas hasta el momento se limitan a tareas de mantenimiento básico, como bacheo y corte de pastizales, mientras que los contratos contemplan incrementos en los peajes y la instalación de nuevas estaciones de cobro.
En el caso de la Ruta 226, los cuestionamientos se potencian debido a que las exigencias de obras incluidas en la licitación aparecen como limitadas en relación con las expectativas generadas en torno a la modernización de la infraestructura. Mientras tanto, la incorporación de nuevos peajes ya figura entre las medidas previstas para el corredor.
El episodio vuelve a exponer uno de los principales interrogantes que rodean el plan de privatizaciones del Gobierno: si la transferencia de servicios públicos al sector privado logrará traducirse en mejoras concretas para los usuarios o si, por el contrario, terminará combinando reducción de personal, mayores costos para los automovilistas y escasos avances en materia de infraestructura.
