Presión federal en tiempos de ajuste: los gobernadores reclaman una reforma fiscal ante el ahogo financiero

En un escenario de creciente tensión entre la Nación y las provincias, los gobernadores de casi todo el arco político se reunieron nuevamente en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño, para exigir respuestas concretas frente al derrumbe de la recaudación y la asfixia presupuestaria que afecta a sus distritos.

La presencia de funcionarios nacionales —el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman— anticipa que la reunión no será meramente protocolar. El foco está puesto en una posible reforma del sistema de distribución de fondos, particularmente en la coparticipación del impuesto a los combustibles, que podría elevarse al 50 %.

Esta sería una válvula de escape parcial frente a una política nacional que, en nombre del ajuste, ha recortado partidas esenciales, desfinanciado programas y reducido drásticamente los giros discrecionales.

En ese marco, los reclamos por una redistribución más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la exigencia de una reforma fiscal estructural no solo responden a necesidades coyunturales: revelan un punto de quiebre en el vínculo Nación-provincias. La advertencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos —“los números no cierran”— expone con crudeza la lógica dominante: si las cuentas del Estado nacional están ajustadas, las provincias deberán resolver sus propios desequilibrios como puedan. El mensaje es claro: no hay salvataje posible, apenas promesas de diálogo.

La asistencia casi perfecta de los gobernadores —entre ellos peronistas como Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella; opositores como Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio; y aliados como Ignacio Torres o Claudio Poggi— ilustra que el reclamo es transversal. El ajuste, con su impacto brutal en los presupuestos locales, no distingue colores políticos. La mayoría de los distritos enfrentan serias dificultades para sostener obras públicas, servicios esenciales y el pago de salarios en tiempo y forma.

Mientras el Ejecutivo nacional celebra la baja del gasto como un logro de gestión, las provincias son quienes cargan con las consecuencias del repliegue del Estado. Francos afirmó que “el gasto ha sido reducido fundamentalmente en Nación”, como si esa política no tuviera impactos directos en cada jurisdicción: desde la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) hasta la paralización de obras públicas y el recorte en transferencias para salud y transporte.

La narrativa del ajuste virtuoso convive con una realidad federal que se desmorona. Lejos de una coordinación fiscal entre niveles de gobierno, el modelo actual impone unilateralmente una lógica de supervivencia donde cada provincia debe ingeniárselas para cubrir los vacíos que deja la retirada nacional. En ese sentido, el planteo de los gobernadores va más allá de una mejora puntual en la coparticipación: es una demanda por un nuevo pacto fiscal que garantice previsibilidad, equidad y sostenibilidad.

El Gobierno, atrapado en su dogma de austeridad, parece desestimar los límites políticos y sociales del ajuste. Pero los gobernadores, en contacto directo con la conflictividad creciente en sus territorios, saben que el margen se estrecha. Esta cumbre en el CFI, más que una negociación técnica, es un acto político de defensa del federalismo ante el vaciamiento progresivo del Estado nacional.

En definitiva, el encuentro no es solo una pulseada por recursos: es la expresión de una crisis más profunda que pone en cuestión el modelo de país que se está construyendo. Un país donde las provincias se empobrecen, el Estado se achica y la Nación se encierra en su caja.