Por el ajuste previsional, los jubilados perdieron un 27% de poder adquisitivo

La reciente modificación en el esquema de actualización de haberes ha derivado en una erosión del veintisiete por ciento en la capacidad de compra de los jubilados, marcando uno de los periodos de mayor deterioro para la clase pasiva en las últimas décadas.

Al sustituir la fórmula basada en la recaudación y los salarios por un ajuste anclado exclusivamente a la inflación, el Ejecutivo ha logrado priorizar el superávit fiscal a costa de cristalizar la pérdida de ingresos de los adultos mayores.

Este mecanismo, lejos de ser una protección contra el aumento de precios, funciona como un techo que impide cualquier posibilidad de recuperación del poder adquisitivo resignado durante los picos inflacionarios.

La situación se agrava de manera dramática para quienes perciben el haber mínimo debido al congelamiento del bono compensatorio. Al mantener este refuerzo estancado en setenta mil pesos desde marzo de dos mil veinticuatro, el Estado ha operado una licuación indirecta pero efectiva, reduciendo el peso real de dicho complemento frente al costo de vida. Mientras que los haberes generales intentan acompañar la evolución de precios, el ingreso total de los sectores más vulnerables queda rezagado, situándose incluso por debajo de los promedios registrados en la década del noventa.

Este panorama se complementa con una política de restricciones al acceso y la recomposición que profundiza la crisis social. El veto a las leyes que buscaban subsanar el desfase de los meses iniciales de gestión y el inminente fin de las moratorias previsionales configuran un escenario de exclusión. Al dificultar que la gran mayoría de las personas en edad de retiro logren acceder a una prestación contributiva, el sistema se desplaza hacia un esquema de pensiones universales de menor cuantía, lo que precariza el futuro de millones de ciudadanos y consolida al sector previsional como el principal ariete del ajuste económico actual.