Polémica en el Senado: una senadora del PRO negó que los niños tengan derecho a ser atendidos en el Garrahan
En una sociedad atravesada por desigualdades, la salud pública sigue siendo el único refugio para millones de familias. Negar el derecho de los niños a la atención en hospitales nacionales no es una mera opinión técnica: es una definición política que erosiona uno de los consensos básicos de la democracia argentina.
El debate sobre la emergencia sanitaria pediátrica en el Senado dejó una frase que ya genera indignación en amplios sectores sociales y políticos. La senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, aliada al oficialismo libertario, sostuvo durante la reunión plenaria de comisiones: “Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan.
Ese derecho yo no lo conozco”. La declaración, en plena discusión sobre un proyecto que busca declarar la emergencia pediátrica y garantizar recursos para hospitales y residencias médicas, desnuda la tensión entre las necesidades urgentes del sistema de salud y la concepción minimalista del Estado que comparte buena parte del oficialismo.
La legisladora intentó justificar su postura argumentando que “la crisis de la salud no es nueva” y que los problemas de gestión sanitaria son responsabilidad de las provincias, no de la Nación. Para Álvarez Rivero, la salud de alta complejidad no debería ser competencia federal, sino provincial, incluso cuando se trata de hospitales nacionales como el Garrahan, referente en la atención pediátrica de todo el país.
El mensaje es claro: el Gobierno y sus aliados buscan desprenderse de responsabilidades en áreas sensibles, trasladando la carga a las provincias que, en muchos casos, ya no pueden sostener ni la atención básica. Con esa lógica, un hospital como el Garrahan, que nació como emblema de la medicina pública federal y de excelencia, queda reducido a un servicio que no es “derecho” sino una suerte de concesión condicionada a la discrecionalidad política y presupuestaria.
La frase de la senadora es más que una polémica pasajera: refleja el núcleo duro de una visión política que relativiza los derechos sociales y los reduce a competencias administrativas. Si los niños no tienen derecho garantizado a ser atendidos en el Garrahan, ¿quién decide entonces quién accede a la salud de alta complejidad y quién queda afuera?
En paralelo, la senadora exhibió un diagnóstico que, si bien reconoce la decadencia de los hospitales provinciales, se traduce en un argumento para deslindar responsabilidades en lugar de fortalecer un sistema sanitario integrado. Al criticar el estado de la infraestructura hospitalaria en Córdoba, Álvarez Rivero admitió la crisis, pero no ofreció soluciones más allá de ratificar el dogma de que “la salud es provincial”.
El trasfondo político es evidente: mientras el Congreso discute declarar la emergencia pediátrica, el oficialismo intenta bloquear la medida alegando problemas de financiamiento. En ese marco, declaraciones como la de Álvarez Rivero terminan funcionando como un sincericidio brutal: reconocer que para este proyecto de poder, los derechos sociales no son tales, sino costos a recortar.
