Bullrich exhibe nueva tecnología para desbloquear celulares: abre debates sobre seguridad y privacidad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este miércoles el nuevo sistema de análisis forense UFED, una herramienta que permitirá a las fuerzas federales desbloquear dispositivos móviles y acceder a información clave en investigaciones criminales. El anuncio, previsto para las 14 en Recoleta, llega con la promesa de ampliar en un 150% la capacidad tecnológica del Estado en este terreno.

Durante la actividad se hará una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos, que se incorporan para reemplazar licencias ya vencidas y reforzar las investigaciones en casos criminales de “alto impacto”. Según el Gobierno, la inversión busca agilizar los procesos judiciales y dotar de mayor eficiencia a las pesquisas, en un contexto donde los celulares se han convertido en la principal fuente de pruebas en delitos complejos.

Pero detrás de la puesta en escena, la medida abre un debate de fondo. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su capacidad de intervenir en dispositivos personales sin chocar con el derecho a la privacidad y las garantías constitucionales? El desbloqueo forzoso de celulares, incluso cuando se hace en el marco de una causa judicial, despierta alertas sobre los límites del control estatal y el riesgo de abusos en manos de un poder político que, en distintas ocasiones, ha mostrado más entusiasmo por la espectacularidad que por el respeto institucional.

Bullrich apuesta a mostrar músculo tecnológico en la lucha contra el crimen organizado, pero la pregunta inevitable es si este tipo de herramientas vendrán acompañadas de protocolos claros, supervisión judicial estricta y transparencia en su uso. Sin esos resguardos, el salto tecnológico podría transformarse en un arma de doble filo: útil para desarticular bandas criminales, pero peligrosa si se convierte en un instrumento de vigilancia masiva.

La presentación de hoy, más que una demostración técnica, será una señal política. En tiempos de creciente desconfianza hacia las instituciones, cada avance en las capacidades de investigación del Estado exige también un debate profundo sobre los equilibrios entre seguridad y derechos. De lo contrario, el triunfo tecnológico puede convertirse en derrota democrática.