Patrimonio de Adorni: la Justicia busca determinar si existe un desfasaje entre ingresos y bienes declarados
La medida, que representa un paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria, se encuentra supeditada a los resultados de una pericia contable encargada a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo especializado que analiza la evolución patrimonial del funcionario.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos. El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la elaboración de un requerimiento formal para que el funcionario explique el origen de parte de su patrimonio, ante presuntas inconsistencias detectadas entre sus ingresos registrados y los bienes que posee.
Según fuentes vinculadas al expediente, los investigadores buscan establecer si existe una diferencia significativa entre los recursos económicos declarados por Adorni y el valor de los bienes incorporados a su patrimonio en los últimos años. El informe técnico será clave para determinar si las explicaciones aportadas por el funcionario resultan suficientes o si, por el contrario, corresponde profundizar la investigación.
El foco también está puesto en las criptomonedas
Uno de los aspectos que concentra la atención de la fiscalía es el análisis de operaciones realizadas con activos digitales. Los especialistas intentan reconstruir la trazabilidad de fondos vinculados a movimientos en criptomonedas, un punto que podría aportar información relevante sobre el origen y destino de recursos bajo investigación.
A esto se suma otro elemento que genera interrogantes en los tribunales: la demora en la presentación de la última declaración jurada patrimonial del funcionario. El documento aún no fue difundido públicamente, pese a que desde el Gobierno se había anticipado semanas atrás que estaría disponible en el corto plazo.
Los expertos estiman que el estudio integral de la documentación financiera podría extenderse durante los próximos meses, debido a la complejidad de las operaciones bajo revisión.
Una segunda causa complica el escenario
En paralelo, Adorni enfrenta otra investigación judicial que tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo. Allí se analizan contratos celebrados entre la TV Pública y una productora audiovisual vinculada a un empresario de estrecha relación con el funcionario.
La causa busca determinar si existieron beneficios indebidos, intermediaciones incompatibles con la función pública o posibles irregularidades en la contratación. En ese marco, la Justicia ordenó diversas medidas de prueba, entre ellas el análisis de comunicaciones telefónicas y registros de geolocalización de los involucrados.
Además, los investigadores intentan esclarecer presuntos movimientos de dinero registrados antes de que Adorni asumiera funciones en el Gobierno nacional, una línea de investigación que podría resultar determinante para el futuro del expediente.
Definiciones judiciales en el corto plazo
En los pasillos de Comodoro Py consideran que las próximas semanas serán decisivas. Una vez concluidas las pericias pendientes, tanto la fiscalía como el juzgado deberán resolver si los elementos reunidos alcanzan para avanzar hacia una instancia procesal más comprometida para el funcionario.
Por ahora, la causa transita una etapa de recopilación de pruebas. Sin embargo, el hecho de que la Justicia haya comenzado a examinar en profundidad el patrimonio, los movimientos financieros y los vínculos comerciales de uno de los principales integrantes del Gobierno marca un cambio de escala en la investigación y coloca al jefe de Gabinete bajo una creciente presión judicial y política.
