Parrilli denunció que la Corte actúa por “órdenes del poder económico” para proscribir a Cristina

En un clima político cargado de tensiones judiciales, el senador nacional Oscar Parrilli (Unión por la Patria) lanzó durísimas acusaciones contra la Corte Suprema de Justicia, a la que calificó como “títeres y monigotes del poder económico”. El legislador neuquino denunció que los jueces “recibieron la orden de meter presa a Cristina Kirchner” y aseguró que la eventual ratificación del fallo en la causa Vialidad representaría “algo equivalente a un golpe militar”.

Sus declaraciones, realizadas en el programa RPM de Radio Splendid, no son solo una reacción emocional: revelan la profundidad de una disputa estructural en la política argentina, donde el poder judicial y los sectores concentrados de la economía son percibidos —desde el kirchnerismo— como factores de veto contra el poder democrático cuando este representa intereses populares.

“La Corte es la guardia pretoriana del poder económico”, insistió Parrilli, en alusión a los jueces designados y sostenidos por Mauricio Macri. “No es el Poder Judicial el que está juzgando a Cristina, es una estructura paralela: fiscales y jueces que responden a Magnetto, que viajaban a Lago Escondido, que jugaban al pádel con Macri en Olivos y a la pelota en Los Abrojos”.

Más que una simple defensa partidaria, sus palabras buscan instalar una lectura política sobre el proceso judicial que afronta la expresidenta, que podría quedar inhabilitada para competir en elecciones si la Corte ratifica la condena dictada en 2022 en la causa Vialidad. Para Parrilli, no se trata de un fallo jurídico, sino de una maniobra política diseñada para excluirla de la contienda electoral, en un momento en que Cristina ha anunciado su regreso como candidata a legisladora bonaerense.

«Si confirman la sentencia, vamos a salir a la calle«

Parrilli también acusó al gobierno actual de Javier Milei de ser cómplice activo de la maniobra. “No tengo dudas de que Milei está detrás de esto. Le tienen miedo. No quieren que se presente porque saben que aún conserva un fuerte respaldo popular, especialmente en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Sus declaraciones también incluyeron una advertencia: “Si confirman la sentencia, vamos a salir a la calle. Habrá una reacción de la militancia, de una gran parte de la sociedad y también en el plano internacional”.

La gravedad de sus acusaciones interpela no solo al sistema institucional, sino al concepto mismo de democracia en Argentina. Parrilli no habla solo de Cristina: plantea que hay una arquitectura de poder que busca anular liderazgos populares a través de sentencias, y no de votos. En este marco, la judicialización de la política se convierte, según esta visión, en la vía moderna del “golpe blando”.

La situación anticipa un escenario de alta conflictividad social e institucional si la Corte Suprema avanza con la confirmación de la condena. Y, al mismo tiempo, instala una pregunta inquietante para todo el arco democrático: ¿hasta qué punto las decisiones judiciales pueden ser interpretadas como legítimas cuando pesan fuertes sospechas de alineamiento con intereses económicos o políticos?