Para unos sí, para otros no; Bullrich duplicó el aumento de sueldo a las fuerzas de seguridad
La decisión, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, establece un incremento del 5% en los haberes mensuales y suplementos específicos de las distintas fuerzas, a partir de marzo.

El reciente aumento de sueldo para las fuerzas de seguridad en Argentina ha generado un intenso debate y podría tener repercusiones en la relación entre el Gobierno y los gremios de empleados públicos.
Este porcentaje es notablemente superior al 1,5% y 1,2% acordados por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para el resto de los empleados del Estado Nacional en los meses de enero y febrero.
El contexto en el que se produce este aumento es particularmente delicado. Las tensiones sociales han ido en aumento, y las protestas han comenzado a crecer, impulsadas en parte por la falta de respuestas a las demandas salariales de otros sectores. En este escenario, el Gobierno busca apaciguar un conflicto inminente al ofrecer un incremento a las fuerzas de seguridad, pero, a su vez, esta medida podría desatar un nuevo frente de descontento en la cartera de Bullrich.
Los ajustes salariales abarcan distintas fuerzas, como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal. En el caso de la Gendarmería, se actualizarán los importes de “Funciones de Prevención Barrial” y “Recargo de Servicio”, mientras que la Prefectura verá incrementos en su compensación por “Recargo de Servicio”. Por otro lado, la Policía Federal recibirá ajustes en sus haberes mensuales y otros suplementos.
Uno de los aspectos más destacados de esta resolución es la equiparación salarial para el Servicio Penitenciario Federal, que busca eliminar las “diferencias arbitrarias” en los haberes de su personal. Además, los altos mandos de las fuerzas también recibirán incrementos en sus salarios, lo que ha suscitado críticas sobre la equidad de estas medidas en un contexto de austeridad para otros sectores del Estado.
Aunque el Gobierno sostiene que estos aumentos son parte de un proceso de modernización y reordenamiento salarial, la percepción de injusticia entre los empleados públicos podría intensificar las protestas. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya ha manifestado su rechazo al aumento de las fuerzas de seguridad y ha prometido continuar con las movilizaciones.
Es relevante mencionar que el anuncio de este aumento se produce en medio de un creciente malestar en redes sociales, donde familiares de personal de las fuerzas de seguridad han comenzado a organizar protestas para exigir una rápida recomposición salarial. Esta situación plantea un dilema para el Gobierno: si bien busca resolver un conflicto con las fuerzas de seguridad, corre el riesgo de provocar un mayor descontento entre los empleados públicos que no han recibido incrementos equivalentes.
En resumen, el aumento de sueldo desmedido para las fuerzas de seguridad, a pesar de su justificación en términos de responsabilidad y dedicación, podría desatar un nuevo ciclo de protestas y tensiones laborales en un contexto ya complicado por la insatisfacción generalizada en el sector público. La capacidad del Gobierno para gestionar estas dinámicas será crucial en los próximos meses.
