Para el gobierno «los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones»

“Los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones”, sostuvo, al referirse a la posibilidad de modificar la modalidad de uso del descanso anual, una afirmación que despertó cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la iniciativa.

En un intento por defender el proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca aprobar durante las sesiones extraordinarias, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, apeló este jueves a un argumento de corte generacional para explicar los cambios propuestos.

Cordero afirmó que la reforma no introduce cambios en el régimen del aguinaldo y buscó llevar tranquilidad al señalar que el Sueldo Anual Complementario “no se toca en lo más mínimo”. “No hay una sola coma que modifique cómo se paga o se calcula. Sigue exactamente igual”, remarcó, en línea con el discurso oficial que insiste en que no se verán afectados derechos básicos.

Sin embargo, el funcionario defendió la flexibilización en el uso de las vacaciones bajo el argumento de que las nuevas generaciones priorizan esquemas más fragmentados de descanso. Según explicó, el proyecto habilitaría la posibilidad de dividir las vacaciones, con un piso mínimo de siete días corridos, una medida que para el Gobierno se adapta a nuevas dinámicas laborales, pero que para sectores críticos podría implicar una mayor precarización del tiempo de descanso.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Cordero también sostuvo que el régimen de indemnizaciones por despido no sufrirá modificaciones. No obstante, subrayó que la reforma apunta a limitar los litigios laborales prolongados. “La indemnización continúa siendo un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración habitual y mensual. La diferencia es que ahora sí la van a cobrar”, afirmó, sugiriendo que el sistema actual favorece conflictos judiciales extensos.

Respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el secretario explicó que estará orientado principalmente a las pequeñas y medianas empresas y que podrá utilizarse en procesos de desvinculación voluntaria. “Hoy eso se va a solucionar con un fondo que puede ser usado para ese fin”, señaló, aunque sin precisar los mecanismos de control ni el impacto real sobre la estabilidad laboral.

Finalmente, Cordero reiteró que la reforma responde a una directiva política clara del Ejecutivo. “Hay una instrucción de la ministra Sandra Pettovello: no se quita ningún derecho esencial en esta reforma”, concluyó. Una afirmación que, mientras el proyecto avanza en el Congreso, sigue siendo puesta en duda por sectores sindicales y especialistas en derecho laboral, que advierten sobre cambios estructurales encubiertos bajo un discurso de modernización.