Otra victoria del gobierno: Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Más allá del resultado parlamentario, la media sanción abre un debate más amplio: si la baja de la edad de imputabilidad constituye una respuesta eficaz frente al delito juvenil o si, como advierten sectores críticos, el foco debería desplazarse hacia políticas integrales de prevención, inclusión y fortalecimiento institucional. El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se pondrá a prueba si la coalición oficial logra sostener la misma amplitud de apoyos.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, la iniciativa logró una mayoría amplia, aunque sin alcanzar los dos tercios, y evidenció la capacidad del bloque gobernante para articular apoyos más allá de su propio espacio.

El resultado reflejó un alineamiento político nítido. Acompañaron el proyecto el PRO, la UCR, el interbloque Unidos, Innovación Federal, el MID y bloques provinciales cercanos a gobernadores, mientras que Unión por la Patria votó mayoritariamente en contra, junto a la izquierda y algunos legisladores que se desmarcaron de sus espacios. La votación confirmó que, en materia de seguridad y política criminal, el oficialismo logró construir una mayoría transversal que excede su núcleo duro.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la reforma como una actualización largamente postergada del régimen vigente —la ley 22.278, sancionada durante la última dictadura— y rechazó que la iniciativa implique una criminalización de adolescentes. Argumentó que el nuevo esquema incorpora penas alternativas y garantiza que los menores no sean alojados con adultos, en un intento por neutralizar las críticas centradas en el enfoque de derechos.

La oposición, sin embargo, planteó objeciones de fondo. Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, sostuvo que la normativa actual es inconstitucional, vetusta y regresiva, pero cuestionó que el proyecto oficial no constituya un régimen integral con perspectiva de derechos. La discusión, así, no giró únicamente en torno a la edad de imputabilidad, sino también sobre el modelo de justicia juvenil que debería reemplazar al esquema vigente.

Incluso dentro de la oposición emergieron matices. Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, señaló que el debate no debería reducirse a la edad mínima, sino a la construcción de un régimen integral que provea herramientas efectivas a los jueces. Aunque su espacio históricamente ha respaldado la baja de la edad de imputabilidad, en esta oportunidad no acompañó el texto oficial, marcando diferencias en el diseño normativo más que en el diagnóstico.

La sesión estuvo atravesada por la presencia en los palcos de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos allegados a Jeremías Monzón, un caso reciente que reavivó la discusión pública y otorgó mayor visibilidad social al tratamiento legislativo. Ese contexto evidenció cómo la agenda de seguridad y justicia juvenil se encuentra fuertemente influida por hechos de alto impacto mediático.