Nuevas subas en el biodiesel y bioetanol meten presión sobre los combustibles y reavivan la tensión con el sector
La medida, oficializada en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 367/2025, 368/2025 y 369/2025 firmadas por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, anticipa una presión adicional sobre el precio de los combustibles en los surtidores, ya que las petroleras trasladan los incrementos de manera directa al consumidor final.
El gobierno de Javier Milei autorizó este jueves un nuevo aumento en los precios del biodiesel y del bioetanol que se utilizan en las mezclas obligatorias con naftas y gasoil.
De acuerdo con la disposición, el biodiesel pasará a costar $1.408.687 por tonelada, mientras que el bioetanol de caña de azúcar se fijó en $857,006 por litro y el derivado del maíz en $785,468 por litro.
Los valores implican una suba promedio del 4% respecto de los vigentes en agosto y se enmarcan en la Ley 27.640 de Biocombustibles, que faculta al Estado a revisar periódicamente los precios de referencia para evitar distorsiones en el mercado.
Aunque el ajuste era esperado, no logró acallar el malestar del sector. Desde hace más de un año, las cámaras empresarias de biocombustibles vienen denunciando un atraso sistemático en la actualización de tarifas oficiales. Esta semana, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) intimaron a la Secretaría de Energía mediante una carta documento a cumplir con la fórmula técnica de cálculo vigente.
Según sus estimaciones, la aplicación parcial de la normativa derivó en pérdidas operativas por 45,5 millones de dólares y en ingresos no percibidos superiores a 78,8 millones desde mediados de 2024.
El sector privado sostiene que el biodiesel, al sustituir gasoil importado en dólares, debería tener un valor expresado también en esa moneda. La referencia en pesos y al tipo de cambio oficial, advierten, “penaliza a los productores y elimina cualquier margen de rentabilidad”.
Casfer y Capba alertaron además que el retraso en los precios oficiales no solo compromete la sustentabilidad de las plantas, sino que genera un proceso de descapitalización que amenaza la continuidad de inversiones y puestos de trabajo en una industria clave para la diversificación energética del país.
En este escenario, las resoluciones del Gobierno aparecen como una medida de alivio parcial, que si bien permite recomponer en parte los ingresos del sector, no resuelve el problema de fondo. Para los consumidores, en cambio, el efecto es inmediato: el combustible volverá a subir en el surtidor en un contexto de salarios rezagados e inflación persistente.
La tensión entre la necesidad del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal y la demanda del sector de biocombustibles por reglas claras expone una contradicción estructural: entre mantener a raya los precios internos o garantizar la viabilidad de una industria que promete reducir importaciones y generar empleo.
