No hay modernización laboral posible en un país en crisis social
Como abogado, no puedo analizar el debate sobre una reforma laboral al margen de la realidad social y económica que atraviesa hoy la Argentina. Hablar de “modernización” del derecho del trabajo en un país con desempleo persistente, salarios deteriorados, cierre de pequeñas y medianas empresas y una fuerte caída del consumo interno exige, al menos, un ejercicio previo de honestidad intelectual y responsabilidad pública.
Por Sebastian Acosta*
El derecho laboral no es una rama neutra del derecho ni una simple herramienta de ordenamiento del mercado. Su función histórica y constitucional es proteger a la parte estructuralmente más débil de la relación laboral y garantizar condiciones dignas de trabajo, tal como lo consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cuando el empleo escasea y el salario no alcanza, cualquier reforma que altere este equilibrio termina profundizando la desigualdad existente.
Desde mi perspectiva profesional, antes de discutir cambios estructurales en la legislación laboral, el Estado debería concentrar sus esfuerzos en recomponer la economía real: sostener a las empresas que generan empleo genuino, recuperar el poder adquisitivo del salario y reducir los niveles de informalidad que afectan a millones de trabajadores y trabajadoras. Sin ese piso mínimo, toda reforma laboral se desarrolla en un escenario de extrema asimetría, donde el trabajador no negocia libremente, sino desde la urgencia y la necesidad.
Este debate tampoco puede separarse de una dimensión cultural más profunda. Antonio Gramsci advertía que los cambios estructurales no se imponen únicamente por la fuerza, sino mediante la construcción de una hegemonía cultural que logra que amplios sectores sociales adopten como propias ideas que no siempre responden a sus intereses materiales. En el plano laboral, ese sentido común dominante presenta la reducción de derechos como modernidad, eficiencia o generación de empleo, aun cuando la evidencia histórica demuestra lo contrario.
Pierre Bourdieu profundizó esta idea al describir la violencia simbólica como el mecanismo invisible mediante el cual se imponen discursos y categorías que son aceptadas como naturales incluso por quienes resultan perjudicados por ellas. Así, se responsabiliza al propio trabajador por su precariedad, se estigmatizan los derechos laborales como “privilegios” y se naturaliza la pérdida de protección como un sacrificio inevitable. Desde esta mirada, no me resulta extraño que muchos trabajadores terminan defendiendo reformas que objetivamente los perjudican: no es falta de conciencia ni de inteligencia, sino el resultado de un proceso cultural persistente que logra que el ajuste sobre el trabajo sea percibido como necesario o inevitable.
Ahora bien, como abogado, también debo decir que este no es solo un debate político o cultural, sino profundamente jurídico y constitucional. El proyecto de reforma laboral actualmente en discusión introduce modificaciones que, en mi opinión, debilitan pilares centrales del derecho del trabajo argentino. Se restringe la presunción de existencia de relación laboral, se facilita el encubrimiento de vínculos de dependencia bajo figuras civiles o comerciales, se reduce de manera significativa la solidaridad empresaria y se limita el alcance de la indemnización por despido, excluyendo rubros que hoy integran el salario habitual, se crean fondos para el mercado que desfinancian el sistema de la seguridad social, se suprime el poder colectivo de los trabajadores, etc.
Más preocupante aún, el proyecto pretende consolidar la idea de que la indemnización tarifada sea la única reparación posible frente al despido arbitrario, dificultando o cerrando el acceso a otras acciones resarcitorias. Esta concepción se aparta de la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los estándares fijados por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que exigen una protección adecuada y efectivamente disuasiva frente al despido injustificado.
A ello se suma un aspecto que considero especialmente grave: la técnica legislativa utilizada. No se eliminan derechos de manera abierta, sino que se los redefine, se los condiciona o se los rodea de exigencias probatorias que los vuelven cada vez más difíciles de ejercer. Los derechos “siguen estando” en el texto legal, pero en la práctica se vacían de contenido. Esta forma de legislar no es neutral: traslada el conflicto al trabajador individual, lo obliga a litigar más, a probar más y a esperar más, profundizando la desigualdad que el derecho del trabajo debería corregir.
Por todo ello, sostengo que una verdadera modernización del derecho del trabajo no puede ser regresiva ni unilateral. Debe surgir de un proceso amplio de diálogo social, con participación real de trabajadores, sindicatos, empleadores, universidades y operadores jurídicos, y orientarse a adaptar las normas a las nuevas realidades productivas sin renunciar a los principios constitucionales ni a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
El debate no es entre pasado y futuro, ni entre rigidez y modernidad. El verdadero dilema es si la Argentina va a construir un modelo de desarrollo con trabajo digno o uno donde el ajuste vuelva a recaer, una vez más, sobre quienes viven de su fuerza de trabajo. Desde mi lugar, tengo una convicción clara: no hay modernización posible si se la edifica sobre la pérdida de derechos y la desigualdad estructural. Sin justicia social, no hay modernización; hay retroceso.
*Abogado/Integrante de UNyFE /Unidad y Federalismo)
