La Justicia congeló el patrimonio de Espert por presuntas maniobras de lavado

Mientras la investigación continúa, el congelamiento de bienes marca un punto de inflexión judicial en un expediente que combina presuntas irregularidades patrimoniales, vínculos internacionales y derivaciones políticas de alto perfil.

La Justicia federal ordenó el congelamiento por 90 días de la totalidad de los bienes del exdiputado José Luis Espert, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos.

La medida fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli a pedido del fiscal Federico Domínguez, tras un informe técnico del Ministerio Público que detectó inconsistencias relevantes en las declaraciones juradas del dirigente liberal.

El alcance de la decisión no se limita a Espert: también incluye a su pareja, María Mercedes González, y a la firma Varianza S.A., sociedad que, según los investigadores, no habría sido debidamente declarada. El objetivo de la cautelar es preservar el estado del patrimonio mientras avanza la investigación y evitar eventuales maniobras de ocultamiento o disposición de activos.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, quien puso el foco en el vínculo entre Espert y Federico “Fred” Machado, un empresario que será juzgado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. De acuerdo con la acusación, Espert habría recibido al menos 200.000 pesos de Machado, transferencia que fue corroborada y que marcó el inicio formal de la causa.

Los investigadores sostienen que la relación entre ambos fue más allá de un contacto circunstancial. En ese sentido, se incorporó documentación sobre un presunto contrato de servicios profesionales entre Espert y la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., propiedad de Machado, que contemplaba pagos por un total de un millón de pesos. Para la fiscalía, este acuerdo resulta clave para analizar el origen y la justificación de los fondos percibidos.

El análisis patrimonial detectó, además, una serie de irregularidades: omisiones en la declaración de participaciones societarias, valuaciones consideradas arbitrarias de ciertos bienes y movimientos financieros que no se corresponderían con los ingresos declarados. Entre los puntos más sensibles figura la existencia de una cuenta no declarada en el exterior, en la que Espert habría recibido unos 30.000 dólares provenientes de la firma Wellington Capital Markets Ltd.

Otro aspecto bajo la lupa es la posible utilización de terceros para ocultar activos. En ese marco, los peritos identificaron al hijo de la pareja de Espert, Manuel Iglesias, de 23 años, como un eventual testaferro. El joven no registra ingresos formales, pero figura como titular de un vehículo valuado en más de 70 millones de pesos, lo que despertó sospechas sobre el verdadero origen de los fondos.

La causa tuvo también impacto político. Al momento de conocerse las primeras denuncias, Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cargo al que finalmente debió renunciar.