Monteoliva defendió un esquema separado del sistema carcelario adulto y con eje socioeducativo
En medio del debate que el oficialismo pretende instalar durante las sesiones extraordinarias del Congreso, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió a precisar uno de los aspectos más controvertidos del proyecto para bajar la edad de imputabilidad: el destino institucional de los menores que cometan delitos graves y el tipo de régimen bajo el cual cumplirían una eventual condena.
La funcionaria subrayó que la iniciativa descarta de manera explícita la posibilidad de que adolescentes compartan espacios con presos adultos, una de las principales críticas que genera la propuesta.
En ese sentido, planteó la necesidad de instituciones específicas, con un enfoque diferenciado del sistema penitenciario tradicional y orientado a la formación y la reinserción social. “Sería irracional mezclar adolescentes con adultos”, sostuvo al marcar un límite conceptual del proyecto.
Desde el Ministerio de Seguridad, Monteoliva explicó que se viene trabajando junto a las provincias en un nuevo esquema de clasificación penitenciaria, basado en el perfil criminológico y la gravedad de los delitos cometidos. Esa lógica, según indicó, también atraviesa el diseño del futuro régimen penal juvenil, que busca evitar soluciones homogéneas para situaciones delictivas muy distintas. “No es lo mismo quien roba que quien viola o mata”, afirmó, en línea con un discurso que apunta a segmentar respuestas penales.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024, propone una reforma integral del régimen penal juvenil, cuyo eje más sensible es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La medida divide aguas tanto en el arco político como en organizaciones de derechos humanos, especialistas en infancia y sectores judiciales, que advierten sobre el riesgo de criminalizar la vulnerabilidad social.
Frente a esas críticas, la ministra insistió en que el corazón de la iniciativa no es punitivo sino socioeducativo, con prioridad para medidas alternativas al encierro y con dispositivos institucionales que garanticen educación, contención y seguimiento permanente. Según explicó, esto implicará reformular o reconvertir estructuras existentes, en coordinación con los gobiernos provinciales, para adaptarlas a un abordaje específico de adolescentes en conflicto con la ley.
El texto oficial también redefine el sistema de sanciones y fija un tope máximo de 20 años de prisión para delitos de extrema gravedad, aunque establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso. En ese marco, el debate que se abre en el Congreso no solo gira en torno a la edad penal, sino al modelo de respuesta del Estado frente al delito juvenil, un tema que combina demandas de seguridad, protección de derechos y una fuerte carga simbólica en la opinión pública.
