Milei y Sturzenegger avanzan con un nuevo plan de ajuste estatal que anticipa más cierres y despidos

La iniciativa surge tras la pérdida, a fines de 2025, de las facultades extraordinarias que el Congreso le había otorgado al Ejecutivo, lo que obliga ahora a canalizar los cambios a través de una ley.

El gobierno de Javier Milei, junto a su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, trabaja en una nueva ofensiva para achicar el Estado que incluiría la eliminación de organismos públicos y una nueva ola de despidos en la administración.

El proyecto, aún en elaboración, busca restituir —y eventualmente ampliar— el alcance de las medidas que anteriormente se habían implementado por decreto. En los despachos oficiales reconocen que no se tratará simplemente de reponer estructuras ya eliminadas, sino de avanzar en una revisión más amplia del entramado estatal, con el foco puesto en reducir costos y redefinir funciones.

Durante 2025, al amparo de esas facultades, el Gobierno dispuso el cierre y la reconfiguración de distintos entes públicos, en una política que fue presentada como parte de la “modernización” del Estado, pero que también generó cuestionamientos por su impacto en áreas sensibles y en el empleo público. Ahora, sin تلك herramientas legales, la Casa Rosada intenta recuperar margen de acción mediante el Congreso, donde el escenario político plantea mayores incertidumbres.

Los datos oficiales reflejan la magnitud del ajuste en curso: desde diciembre de 2023, más de 65 mil puestos de trabajo fueron eliminados en el sector público, lo que representa una reducción significativa de la planta estatal. Este proceso, lejos de desacelerarse, parece encaminarse a una nueva etapa, con especial atención en organismos descentralizados.

Sin embargo, el Ejecutivo evita por ahora precisar plazos para el envío del proyecto. La estrategia pasa por dosificar el conflicto político: primero ordenar otras iniciativas legislativas y luego avanzar con una reforma que, por su alcance, promete reavivar tensiones tanto en el Congreso como en sectores sindicales y sociales. En ese contexto, el plan de ajuste no solo se perfila como una herramienta económica, sino también como una apuesta política de alto riesgo.