Milei vetó las leyes para jubilados, moratoria y discapacidad: el ajuste se impone sobre los sectores más vulnerables

En un gesto que desnuda el corazón de su programa económico, el presidente Javier Milei vetó oficialmente las leyes aprobadas por el Congreso que establecían una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

A través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, el mandatario cerró la puerta a medidas que buscaban amortiguar el deterioro social en medio de la recesión.

El argumento oficial es conocido: las tres leyes implicaban un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, cifras que —según el Gobierno— comprometerían la “sustentabilidad fiscal” y forzarían a recurrir a emisión, impuestos o deuda.

“Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen”, insistió Milei en el texto del veto. Paradójicamente, quienes “más sufren” son justamente los jubilados, las personas con discapacidad y los adultos mayores sin aportes completos, a quienes la decisión presidencial condena a la precariedad.

Una pulseada ideológica disfrazada de técnica
El Ejecutivo habla de “graves vicios reglamentarios” en la sanción de las normas, de cálculos actuariales inexistentes y de falta de financiamiento. Sin embargo, detrás del tecnicismo se esconde una decisión política: priorizar el déficit cero a costa de los sectores más desprotegidos. El oficialismo no discute si el Estado debe asistir a quienes no llegan a fin de mes; directamente niega la posibilidad, en nombre de un dogma fiscal que se impone como verdad absoluta.

La ley de movilidad vetada preveía un aumento extraordinario del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con una ayuda de hasta $110.000 para los haberes más bajos. El Gobierno desestimó la norma alegando que la fórmula tenía “deficiencias técnicas” y que las fuentes de financiamiento eran “insuficientes”. En otras palabras: el ajuste volvió a recaer sobre los mismos que ya sufrieron licuación por inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Respecto a la moratoria previsional, Milei sostuvo que “socava los incentivos a la formalidad laboral” y crea un “esquema paralelo” que discrimina a quienes cumplieron los aportes. La lógica del mercado se traslada así al sistema previsional: quien no pudo aportar, queda afuera, aunque la informalidad estructural y la falta de empleo registrado sean fenómenos que el propio Estado no supo resolver.

En cuanto a la emergencia en discapacidad, el Gobierno alertó que la medida “ampliaría el universo de beneficiarios de manera masiva” —1,5 millones de personas—, con un costo de más de $2 billones en el primer año. Lo que en realidad queda en evidencia es que la administración libertaria concibe la inclusión como un problema fiscal, no como una obligación social.

El mensaje: el ajuste no negocia

Este veto no es un hecho aislado. Es la confirmación de que el equilibrio fiscal se transformó en el único norte del Gobierno, incluso por encima de la protección mínima a jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores sin cobertura. La decisión también sienta un precedente: cualquier política social que implique gasto será incompatible con el plan económico.

Ahora la discusión se trasladará a la Comisión Bicameral, pero el mensaje ya fue enviado. El Gobierno no solo veta leyes: veta la idea misma de un Estado presente en situaciones de vulnerabilidad extrema. En su lugar, ofrece un dogma económico inflexible, que promete “ordenar” las cuentas públicas mientras multiplica la exclusión.