Milei sin blindaje: Diputados rechazó el veto a la ley de Emergencia de Discapacidad

El debate sobre discapacidad, convertido en bandera de movilización ciudadana, logró lo que pocos temas consiguen: quebrar lealtades, incomodar alianzas y dejar al Gobierno aislado en el Congreso. Un síntoma más de su creciente debilidad parlamentaria y de la dificultad para imponer su hoja de ruta en medio de un país en conflicto permanente.

La Cámara de Diputados asestó un golpe político al Gobierno al rechazar el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. Con una mayoría amplia y heterogénea, la oposición consiguió insistir con la norma, que ahora deberá ser tratada por el Senado. El resultado expuso con crudeza la pérdida de apoyos de La Libertad Avanza, incluso dentro de su propio bloque y entre antiguos aliados estratégicos del PRO.

La sesión estuvo marcada por un clima de presión social y movilización en las calles, con familias, prestadores y organizaciones de personas con discapacidad que venían reclamando respuestas frente a la crítica situación del sector. Lejos de desactivar la tensión, el anuncio de último momento de un eventual aumento en las prestaciones —difundido en redes por el vocero Manuel Adorni— terminó sonando a gesto desesperado. No alcanzó para torcer voluntades.

Los desmarques resultaron elocuentes. Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano, ambos del bloque oficialista, y la exlibertaria Lourdes Arrieta dieron quórum y votaron a favor de la ley, confirmando la grieta interna en La Libertad Avanza. A ellos se sumaron cinco diputados del PRO —entre ellos Álvaro González y Ana Clara Romero, cercana al gobernador chubutense Ignacio Torres— que ratificaron el quiebre de la alianza parlamentaria con el oficialismo. Otros referentes del PRO evitaron definiciones claras: María Eugenia Vidal y Gabriela Besana se abstuvieron, mientras que Silvia Lospennato ni siquiera participó.

La fragmentación también alcanzó a los socios menores. Mientras Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) acompañaron la insistencia, la cordobesa María Cecilia Ibáñez se alineó con el Gobierno. Los “radicales con peluca” y los aliados provinciales de Mendoza y Tierra del Fuego permanecieron en la vereda oficialista, aunque ya en clara minoría frente a un Congreso que, en este tema, no quiso convalidar el veto presidencial.

El contraste con otros sectores fue notable. Los diputados que responden a gobernadores del “Grito Federal”, que en ocasiones se muestran ambiguos, esta vez actuaron en bloque y respaldaron la ley. También lo hicieron radicales de Jujuy, representantes de Chubut, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz. La transversalidad del apoyo dejó al descubierto que el Gobierno perdió, al menos en este debate, la capacidad de marcar la agenda.

La iniciativa aprobada busca declarar la emergencia hasta fines de 2026 y garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incluye aumentos en pagos a prestadores, saldar deudas acumuladas, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, además de refuerzos a talleres protegidos y programas de la ANDIS.

Más allá del contenido técnico, la discusión expuso un trasfondo político: la distancia entre el discurso del ajuste y la realidad social. En las calles, los reclamos se multiplicaron con fuerza inédita, obligando a legisladores de distintas fuerzas a dar respuesta a un sector que históricamente ha sido relegado en la agenda pública.

Ahora será el turno del Senado. Si bien se requieren nuevamente dos tercios para ratificar el rechazo al veto, el antecedente es contundente: en julio pasado la Cámara alta aprobó la ley por unanimidad. El oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso, donde la insistencia en sostener el veto podría traducirse en un revés político de magnitud.