Milei avanza con su reforma del Estado: más de 100 organismos públicos disueltos o fusionados en solo siete meses
El movimiento, ejecutado a través de una batería de decretos publicados en el Boletín Oficial, afecta áreas clave como salud, transporte, agroindustria, seguridad vial e industria.
El gobierno de Javier Milei redobló su ofensiva contra el Estado en las últimas horas y, en una nueva demostración del uso de sus flamantes “facultades delegadas” otorgadas por la Ley Bases, anunció la disolución o fusión de otros 21 organismos públicos, elevando el número total de entes eliminados o reconfigurados a más de 100 desde el inicio de su gestión.
Lejos de tratarse de un simple ajuste administrativo, la decisión implica una transformación profunda —y vertiginosa— del entramado institucional que durante décadas sostuvo funciones estratégicas del Estado. Entre los organismos suprimidos figuran la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, entre otros.
Algunos organismos fueron absorbidos o reconvertidos en estructuras más pequeñas, con menor autonomía y rango administrativo. El Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por ejemplo, ahora serán “unidades organizativas” bajo control directo de los ministerios. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se reconvirtió en una agencia con competencias limitadas, al igual que la Junta de Seguridad en el Transporte, ahora circunscripta exclusivamente a accidentes aeronáuticos.
La lógica detrás de estas medidas, según el Ejecutivo, es “optimizar recursos” y “eliminar estructuras ineficientes o superpuestas”. Sin embargo, la magnitud del recorte y el impacto acumulado generan serias dudas sobre la viabilidad de semejante achicamiento sin consecuencias sobre el acceso de la población a derechos y servicios básicos.
Uno de los casos más paradigmáticos es el del sistema de salud pública. Si bien se anunció la creación de una nueva “Administración Nacional de Establecimientos de Salud” (ANES), el desmantelamiento de las delegaciones sanitarias federales y el traslado de funciones a estructuras centralizadas pueden implicar, en la práctica, un vaciamiento territorial que afecte la atención en zonas alejadas o vulnerables. En lugar de fortalecer una red descentralizada, se concentran funciones en una sola ventanilla estatal.
Otro tanto ocurre con la seguridad vial: el cierre de la ANSV y de la Dirección Nacional de Vialidad —organismos que no solo coordinaban políticas de tránsito, sino que también producían información vital para la prevención de siniestros— plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para cumplir esas funciones en un país donde más del 65% de las rutas nacionales se encuentran en mal estado, y los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte.
La eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena también deja a pequeños productores sin interlocutor específico dentro del Estado. Lo mismo ocurre con la Agencia del Cannabis Medicinal (ARICCAME), cuya eliminación podría implicar un retroceso en una industria emergente que demandaba regulación y acompañamiento técnico.
Mientras el Gobierno celebra el hito de haber “achicado el Estado”, los efectos reales de estas medidas recién comienzan a sentirse. El problema no radica únicamente en el número de organismos cerrados, sino en la lógica subyacente: se sustituye un enfoque de política pública basado en la articulación y la presencia territorial, por una visión puramente administrativa y presupuestaria.
La “motosierra” no distingue entre ineficiencia y función estratégica. El resultado, a corto plazo, es un Estado que se retira de áreas vitales sin garantizar cómo serán cubiertas esas funciones. Más allá de la retórica libertaria, la pregunta que comienza a instalarse es tan simple como urgente: ¿quién se hará cargo de lo que el Estado ya no hace?
