Mientras se niega un alivio a los jubilados, el Gobierno concede aumentos a las Fuerzas Armadas
En un contexto marcado por recortes y vetos a leyes clave, el Gobierno nacional aprobó un incremento escalonado del 7,5% en los salarios del personal militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía de Establecimientos Navales.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de los Ministerios de Defensa y Economía, se aplicará entre junio y noviembre y permitirá que las remuneraciones acumulen un alza del 20,5% a lo largo de 2025.
La decisión contrasta fuertemente con la postura del Ejecutivo frente a otros sectores vulnerables. Apenas días atrás, el presidente Javier Milei vetó la ley que buscaba mejorar las jubilaciones y la Emergencia en Discapacidad, argumentando que no existían recursos para cubrir ese gasto sin comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, los fondos para garantizar subas al personal militar aparecen sin mayores objeciones.
Doble vara en la política de ajuste
El aumento a las FFAA no es solo una cuestión salarial: evidencia una jerarquización de prioridades que deja afuera a quienes dependen del haber mínimo para sobrevivir. Mientras el Gobierno pide a los jubilados “hacer un esfuerzo” y cuestiona los reclamos por pérdida de poder adquisitivo, asegura a los altos mandos de las fuerzas ingresos que en noviembre superarán los $2,8 millones.
En el otro extremo, un voluntario de segunda cobrará $610.510 tras la última actualización. Aunque la cifra dista de los haberes de la cúpula, sigue siendo considerablemente más alta que la jubilación mínima, que ronda los $200.000 y viene perdiendo poder de compra mes a mes.
Un mensaje político en tiempos de ajuste
El aumento escalonado funciona como un gesto político hacia las fuerzas en un contexto donde el Gobierno necesita blindar el aparato de seguridad y sostener su narrativa de autoridad. Sin embargo, esta elección abre un debate incómodo: ¿por qué hay recursos para mejorar los salarios militares, pero no para recomponer los ingresos de quienes aportaron toda su vida?
Al justificar el veto a la ley previsional, el Ejecutivo insistió en que “no hay plata”. Pero la asignación de partidas para Defensa demuestra que la austeridad no es igual para todos. En términos fiscales, el gasto militar puede parecer marginal, pero en términos simbólicos marca una línea clara: la prioridad no son los jubilados, sino el orden y el control.
Esta política plantea interrogantes profundos: ¿es sostenible un ajuste que castiga a los sectores más vulnerables mientras garantiza incrementos a estructuras clave para la gobernabilidad? ¿O estamos ante un modelo que, bajo la bandera de la eficiencia económica, reproduce inequidades históricas y refuerza el poder de los uniformados en detrimento del tejido social?
