Mendoza: millonario desembolso del gobierno de Cornejo a un canal de TV que cerró hace un año
En un contexto de ajuste, recortes presupuestarios y racionalización del gasto público, el gobierno de Mendoza, encabezado por el radical Alfredo Cornejo, realizó un desembolso de 65 millones de pesos para el canal estatal Acequia TV, una señal que fue cerrada hace un año por decisión del propio mandatario.
La operación fue realizada bajo el amparo de la Ley de Presupuesto 2025 (Ley Nº 9.601) y el Decreto Acuerdo Nº 811/25, y según explicó el gobierno, los fondos fueron destinados a “gastos inherentes” del fideicomiso que administra la emisora, incluyendo supuestas “obligaciones impositivas”, consignó la Agencia NA. Sin embargo, el desembolso generó fuertes críticas y pedidos de explicaciones por parte de la oposición, que anticipó una presentación formal en la Legislatura para exigir detalles de la maniobra.
El caso revela una serie de contradicciones y desprolijidades que ponen en cuestión la transparencia y la coherencia del manejo de los recursos públicos. Acequia TV fue cerrado en 2023 por el propio Cornejo, en nombre de la austeridad, y su puesta en venta —aparentemente fallida— no logró atraer a ningún oferente. Desde entonces, el canal mantiene una estructura mínima de apenas tres empleados, cuando llegó a tener 60 durante su apogeo, bajo la gestión de Francisco “Paco” Pérez y con respaldo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La pregunta inevitable es: ¿cómo se justifica destinar millones del presupuesto provincial a una señal sin programación, sin función social efectiva y sin perspectiva concreta de reapertura o venta? En un momento en que se exigen sacrificios a los ciudadanos —especialmente a docentes, personal de salud y pymes—, este tipo de erogaciones ponen en duda el discurso oficial sobre la eficiencia y la responsabilidad fiscal.
Más aún, el hecho de que los fondos se hayan aplicado a través de un fideicomiso, y no por medio de una asignación presupuestaria directa a un organismo en funcionamiento, abre interrogantes sobre el uso de estructuras administrativas opacas para canalizar recursos públicos sin control parlamentario efectivo.
La polémica no es solo sobre el monto, sino sobre el mensaje político y ético que transmite. Mientras el gobernador sostiene una retórica de “orden”, “ajuste” y “revisión del gasto”, este tipo de decisiones socavan su credibilidad y alimentan sospechas de discrecionalidad, falta de planificación y posibles favores encubiertos.
El caso Acequia es, en definitiva, una muestra más del doble estándar con que algunos gobiernos administran el dinero público: cuando se trata de medios estatales sin utilidad operativa, hay margen para desembolsos millonarios; cuando se trata de salarios, infraestructura escolar o salud, se impone la tijera.
La Legislatura mendocina deberá ahora desentrañar los detalles de esta operación, pero el verdadero juicio es el de una ciudadanía que, golpeada por la inflación y la recesión, exige coherencia, transparencia y respeto por cada peso del erario público.
