Mekorot, la empresa israelí que quiere quedarse con AySA

La medida se inscribe en el proyecto de desguace de empresas estatales que impulsa Javier Milei bajo la bandera del «Estado mínimo», pero detrás del relato libertario emergen intereses empresariales concentrados, negociaciones poco transparentes y riesgos evidentes para el acceso a un derecho básico: el agua potable.

El gobierno nacional oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de vender al menos el 51% de sus acciones.

Uno de los principales interesados en quedarse con el control de AySA es Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel. Durante su reciente visita a ese país, Milei mantuvo reuniones con funcionarios y empresarios vinculados al sector. Según consignó Crónica Política, uno de los pedidos centrales fue readecuar el cuadro tarifario y autorizar el corte del suministro por falta de pago, una exigencia que revela el perfil del nuevo modelo: mercantilización plena del servicio, sin garantías de acceso universal.

Mekorot no es una novedad en el escenario local. Ya había desembarcado en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, y con Milei consolidó su presencia. Su historial despierta preocupación: contratos con cláusulas confidenciales, falta de controles externos y un esquema de negocios que prioriza la rentabilidad por sobre la transparencia o la función social. Para muchos analistas, su modelo representa una privatización encubierta del agua como bien común.

Pero Mekorot no es la única firma interesada. Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor casi monopólico del insumo clave para potabilizar el agua (policloruro de aluminio), también figura en la lista. Dueño de relaciones políticas fluidas tanto con el kirchnerismo como con sectores del liberalismo, Filiberti ya había sido señalado como actor estratégico en la empresa estatal. De concretarse su desembarco, sería juez y parte en el sistema de provisión.

El otro competidor es Edenor, la distribuidora eléctrica en manos de José Luis Manzano, exministro de Carlos Menem devenido empresario multirubro. El interés del holding eléctrico por una firma de agua y saneamiento abre dudas sobre la lógica de la operación: ¿buscan diversificar servicios o capturar negocios con rentabilidad garantizada?

La intención oficial de privatizar AySA bajo estas condiciones ha despertado críticas entre expertos y defensores de los derechos sociales. En un contexto de ajuste, inflación y caída de ingresos, subir las tarifas de agua y permitir los cortes por falta de pago significaría empujar a miles de familias a una situación de mayor vulnerabilidad. Se trata, ni más ni menos, de transformar un servicio esencial en una mercancía más del mercado.

El gobierno, sin embargo, se aferra a su dogma: menos Estado, más mercado. Pero la pregunta que queda flotando es a quién beneficiará esta privatización. Porque si detrás de la operación se consolidan monopolios, se ocultan contratos y se vulneran derechos, no se trata de una modernización del sistema, sino de una cesión de soberanía disfrazada de eficiencia.

Mientras Milei insiste en el discurso del shock y la inversión extranjera, el futuro del agua en Argentina podría quedar en manos de intereses privados con antecedentes opacos y lógicas incompatibles con el bien común. La privatización de AySA podría ser, más que una reforma estructural, un negocio entre pocos con consecuencias profundas para muchos.