Más trabajo, menos derechos: el empleo informal creció casi 29% en una década
En lugar de convertirse en una etapa transitoria, la informalidad parece haberse transformado en una característica estructural de la economía argentina, ampliando la brecha entre quienes tienen protección laboral y quienes sobreviven fuera del sistema.
El mercado laboral argentino atraviesa una transformación silenciosa pero profunda: cada vez más personas consiguen trabajo, pero cada vez menos lo hacen con derechos.
En la última década, el empleo informal creció un 28,7%, consolidándose como la principal puerta de entrada al mundo laboral ante el estancamiento casi total del trabajo registrado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2025 la cantidad de asalariados no registrados pasó de 4,4 millones a 5,67 millones de personas. Esto implica la incorporación de más de 1,2 millones de trabajadores al circuito informal de la economía, es decir, empleos sin aportes jubilatorios, cobertura social ni estabilidad laboral.
El contraste con la evolución del empleo formal es contundente. En ese mismo período, los puestos registrados en el sector privado prácticamente no se movieron: pasaron de 7.213.000 a 7.272.000 trabajadores, un incremento de apenas 0,8%. En términos absolutos, apenas se generaron 59.000 nuevos empleos formales en casi diez años.
La consecuencia de esta dinámica es clara: el peso de la informalidad dentro del mercado laboral continúa ampliándose. Mientras en 2016 el 38% de los asalariados trabajaba sin registrar, para el tercer trimestre de 2025 la proporción ya alcanzaba el 44%.
Detrás de estos números se revela un problema estructural de la economía argentina. La falta de crecimiento sostenido y de inversión productiva limita la creación de empleo de calidad, mientras que el trabajo precario se expande como única alternativa para millones de personas que necesitan insertarse en el mercado laboral.
Los niveles más altos de informalidad se concentran en sectores históricamente vulnerables. El trabajo en casas particulares encabeza la lista, con un 70,9% de trabajadores no registrados, seguido por la actividad agropecuaria con 66,1% y la construcción con 55,5%. Se trata de rubros donde la estacionalidad de las tareas y la debilidad de los controles estatales facilitan la expansión del empleo en negro.
Sin embargo, la precarización ya no se limita a estos sectores tradicionales. Algunos rubros vinculados a servicios y actividades profesionales también muestran un fuerte crecimiento del trabajo informal. La enseñanza privada, por ejemplo, duplicó la cantidad de asalariados no registrados en diez años, pasando de 87.000 a 174.000 trabajadores.
También se registró un aumento significativo en actividades vinculadas a servicios públicos como electricidad, gas y agua, donde la informalidad creció un 93,4%, aunque partiendo de niveles más bajos.
En términos absolutos, el mayor incremento de trabajadores informales se produjo en los servicios comunitarios, sociales y personales, que sumaron 192.000 empleados no registrados. Le siguen el comercio, con 185.000 nuevos puestos informales, y los servicios privados de salud, que incorporaron 171.000 trabajadores bajo esta modalidad.
En toda la década, solo tres sectores lograron reducir la cantidad de empleo informal: el trabajo doméstico —que pese a una leve caída del 1,6% continúa siendo el rubro más precarizado—, la pesca y la intermediación financiera, aunque estos dos últimos tienen un peso marginal dentro del total del mercado laboral.
El resultado es un mercado de trabajo cada vez más fragmentado, donde la expansión del empleo ya no garantiza estabilidad ni derechos.
