Marcha de jubilados: Una protesta legítima bajo el cerco del protocolo de Patricia Bullrich
La convocatoria, que ya se convirtió en un ritual de los miércoles, se intensifica esta semana con el acompañamiento masivo de gremios, movimientos sociales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos.
En una nueva jornada de protesta social, miles de jubilados y jubiladas vuelven a movilizarse al Congreso de la Nación en reclamo de mejoras urgentes en sus haberes, acceso pleno a medicamentos y el cese de las políticas de ajuste que golpean a los sectores más vulnerables.
La concentración está prevista para las 15 horas frente al palacio legislativo, con un acto central hacia las 17. En esta ocasión, el reclamo de los adultos mayores no estará solo: contará con el respaldo de la CGT, las dos CTA, La Bancaria, UOM, SMATA, Camioneros y el gremio de Sanidad, en lo que se anticipa como un preludio contundente al paro general convocado para el jueves.
Sin embargo, el legítimo derecho a la protesta vuelve a chocar con el protocolo «antipiquetes» impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde el inicio de su gestión reactivó una doctrina de orden público que privilegia el despliegue represivo por sobre el diálogo social.
Desde temprano, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de un imponente operativo de seguridad. Camionetas de Gendarmería, camiones hidrantes, vallados perimetrales y la presencia coordinada de todas las Fuerzas Federales —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA— configuran una postal que, más que resguardar el orden, parece buscar disuadir y criminalizar la protesta social. Del otro lado del vallado, la Policía de la Ciudad tendrá a su cargo el control de calles, completando un esquema de seguridad que recuerda a los días más tensos del conflicto social argentino.
El reclamo de los jubilados es concreto y urgente: un aumento real de las jubilaciones, la restitución del 100% de descuentos en medicamentos del PAMI, la defensa de la moratoria previsional y un contundente rechazo a las políticas de ajuste que deterioran su calidad de vida. A esto se suma el profundo malestar social que se extiende por distintos sectores laborales y que tendrá una nueva expresión en el paro general del 10 de abril.
El escenario actual refleja un Estado cada vez más distante de las necesidades populares y más cercano a la represión como respuesta al descontento. La militarización de los espacios públicos ante cada protesta no solo busca contener el conflicto, sino también enviar un mensaje: quien cuestione las decisiones del Gobierno, enfrentará un cerco.
