Manuel Adorni bajo la lupa judicial por presunto uso indebido de recursos públicos en viaje oficial

Este caso abre un debate sobre los límites del poder y la responsabilidad de los funcionarios frente al uso de bienes públicos, y cómo se controla la frontera entre lo personal y lo institucional.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una denuncia penal por incluir a su esposa en la comitiva oficial durante un viaje a Nueva York, lo que podría constituir un presunto uso indebido de recursos del Estado. Según consignó la periodista Vanesa Petrillo, la presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbon ante la Cámara Federal, y recayó por sorteo en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

Dalbon argumenta que trasladar a su esposa en el avión presidencial, utilizado para funciones oficiales, constituye malversación de fondos públicos. “La función pública es una elección, no una obligación; si necesita apoyo personal, que busque alternativas fuera de los recursos del Estado”, señaló el letrado, enfatizando la separación entre intereses privados y responsabilidades oficiales.

Según fuentes periodísticas y declaraciones públicas de Adorni, la presencia de su cónyuge en el viaje no estaba vinculada a ninguna función oficial ni actividad institucional, sino a motivos personales. De confirmarse estos hechos, el traslado podría encuadrar en el artículo 260 del Código Penal, que sanciona el uso indebido de bienes del Estado.

Especialistas en derecho administrativo señalan que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a fines vinculados a la función oficial.

Su utilización para intereses particulares no solo afecta el patrimonio estatal, sino que también plantea un problema ético sobre la apropiación de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.