Lula anunció su intención de vetar ley que favorece a golpistas y podría reducir penas de Bolsonaro
La iniciativa, conocida como la Ley de Dosimetría, propone reducir las penas y limitar el tiempo que los condenados deben cumplir en régimen cerrado, beneficiando potencialmente al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a más de 27 años de prisión por su presunta participación en los ataques.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este jueves que tiene previsto vetar un proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca modificar las condenas por delitos contra la democracia, específicamente en relación con los eventos del 8 de enero de 2023, cuando grupos golpistas intentaron derribar los tres poderes del Estado brasileño.
Lula expresó su rechazo a la medida en una rueda de prensa, asegurando que no fue informado de ningún acuerdo en el Congreso y reafirmando su compromiso con la justicia y la democracia. «Las personas que cometieron crímenes contra la democracia deben pagar por sus acciones», afirmó el mandatario, dejando en claro que, al llegar su proyecto a su mesa, lo vetará.
La propuesta, aprobada por el Senado con 48 votos a favor y 25 en contra, además de obtener luz verde en la Cámara de Diputados, ha sido criticada por organizaciones y analistas que la consideran una posible amnistía encubierta para los responsables de los ataques del 8 de enero.
El texto del proyecto busca modificar las reglas para el cumplimiento de condenas, limitando la acumulación de penas y reduciendo el porcentaje de tiempo que los condenados deben permanecer en régimen cerrado, incluso en casos con violencia. Si la ley entra en vigor, figuras como Bolsonaro podrían acceder a beneficios de libertad condicional mucho antes de lo previsto, incluso tras cumplir solo una fracción de sus penas.
Aunque el Gobierno ha intentado posponer la votación hasta 2026, la presión de otros bloques políticos impidió dicho retraso. Por su parte, partidos de oposición y algunos aliados presentaron un recurso ante el Supremo Tribunal Federal para detener la tramitación del proyecto, dejando abierta la posibilidad de una impugnación definitiva si la ley se promulga.
Lula dejó claro que ejercerá su derecho de veto, pero si el Congreso logra revertirlo con mayoría simple, la ley podría entrar en vigor a principios de 2026, generando una fuerte tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en medio del debate por la protección del Estado democrático en Brasil.
