Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente tuvo media sanción

La media sanción que obtuvo en Diputados la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente reabre un frente político y económico que el Gobierno de Javier Milei intentó clausurar con el veto presidencial del año pasado.

Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la oposición quedó a solo un voto de alcanzar los dos tercios, un detalle nada menor si se considera la posibilidad de un nuevo veto del Ejecutivo. El proyecto pasará ahora al Senado, donde se anticipa una pulseada aún más compleja, en un contexto atravesado por negociaciones electorales y realineamientos partidarios.

La sesión expuso con nitidez la tensión entre la narrativa del equilibrio fiscal —bandera del oficialismo— y la presión social y política para garantizar la sostenibilidad del sistema universitario. El oficialismo alineó al PRO, aunque no sin fisuras: tres abstenciones y algunas ausencias evidenciaron que el tema incomoda a un sector que busca no romper puentes con La Libertad Avanza, pero tampoco cargar con el costo político de desfinanciar a las universidades públicas. Incluso figuras como María Eugenia Vidal, en medio de su disputa interna por el armado porteño, se ubicaron en la vereda del rechazo, lo que refuerza la idea de que cada voto estuvo atravesado por cálculos más electorales que ideológicos.

El radicalismo, por su parte, jugó a sostener una de sus banderas históricas: la educación pública. Rodrigo De Loredo logró ordenar en gran medida a la UCR detrás del proyecto, aunque no todos aportaron al quórum y hubo ausencias estratégicas en provincias donde se sellaron acuerdos con el oficialismo. El contraste es claro: mientras algunos sectores radicales exploran pactos locales con Milei, el bloque nacional optó por diferenciarse en un tema sensible para su base electoral.

El texto aprobado apunta a recomponer el presupuesto universitario ajustándolo por inflación, convocar a paritarias docentes y garantizar que las becas estudiantiles sigan el mismo criterio. Además, refuerza el control externo mediante la Auditoría General de la Nación, en un intento de desactivar el argumento oficialista sobre la falta de transparencia en el gasto. El proyecto incluye, incluso, una partida especial para regularizar ingresos en la carrera de investigador científico, un punto clave para el sistema científico-tecnológico.

Sin embargo, el debate volvió a girar en torno al costo fiscal. El oficialismo insiste en que aprobar la ley erosiona su meta de déficit cero, pero no presentó cifras oficiales que respalden ese argumento. Las estimaciones extraoficiales calculan un impacto cercano al 0,14% del PBI, similar al del proyecto vetado en 2024. El contraste entre la magnitud del gasto y la narrativa del ajuste plantea una pregunta incómoda: ¿es el rechazo una decisión estrictamente fiscal o una apuesta política para sostener la identidad libertaria frente a un Congreso adverso?

La media sanción deja, en todo caso, un escenario abierto. Si Milei decide volver a vetar la norma, la oposición tendrá la posibilidad —aunque ajustada— de insistir con la ley, lo que marcaría un quiebre institucional de alto impacto político.

Pero también sienta un precedente relevante: por primera vez desde el inicio de la gestión libertaria, la oposición roza la mayoría agravada en un tema sensible, en un contexto donde el oficialismo busca exhibir autoridad y coherencia fiscal.

La batalla por la educación universitaria se convirtió, así, en un termómetro de poder y en una prueba crucial sobre hasta dónde llega el margen de maniobra de un Gobierno que promete “no negociar con la política”, pero que enfrenta un Congreso cada vez más dispuesto a condicionar su agenda.