La «vetocracia» no se detiene, le llegó el turno a los ATN
La “vetocracia” se convierte en un síntoma de la paradoja mileísta: mientras proclama la libertad y la descentralización como principios fundantes, su gestión avanza en decisiones que fortalecen la discrecionalidad del poder central, debilitando tanto la institucionalidad como el federalismo.
La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de transferencia a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), consensuada por los 24 gobernadores, confirma un patrón político que comienza a conocerse como “vetocracia”.
La Casa Rosada vuelve a bloquear un instrumento de financiamiento federal, sumando este episodio a los vetos recientes a la Ley de financiamiento universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica.
El resultado inmediato es un nuevo choque con los gobiernos provinciales y la consolidación de una estrategia de poder que parece priorizar la centralización por encima del diálogo.
El fondo de los ATN, conformado por el 1% de la masa coparticipable y otros aportes, como el 2% de Ganancias, históricamente ha sido manejado con discrecionalidad política. La ley vetada buscaba reducir esa arbitrariedad y garantizar un acceso más equilibrado a los recursos, en un contexto en el que la administración nacional ya había restringido su distribución durante 2024. El veto, entonces, no solo preserva la capacidad de control de la Casa Rosada sobre las transferencias, sino que también priva a las provincias de una herramienta que había sido acordada en unidad, algo poco frecuente en la política argentina.
El movimiento resulta aún más llamativo porque se produce a pocos días de la creación de la Mesa Federal, presentada como un intento de recomponer puentes con los mandatarios provinciales tras la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. La contradicción entre el discurso de apertura y la práctica del veto expone las tensiones internas de un gobierno que, mientras promete federalismo y cooperación, refuerza mecanismos de control que debilitan la autonomía provincial.
Más allá de la justificación oficial, el veto a los ATN reaviva el debate sobre la naturaleza del proyecto político de Milei: ¿se trata de un programa de transformación institucional, o de un ejercicio de concentración del poder presidencial? Al priorizar el rechazo sistemático de leyes que obtienen amplio consenso político y social, el Ejecutivo corre el riesgo de consolidar una relación conflictiva y poco productiva con las provincias, en lugar de construir acuerdos duraderos.
