La Unión Europea impone sanciones a Rusia por la deportación forzada de niños ucranianos
La Unión Europea ha sancionado a 16 funcionarios rusos acusados de colaborar con Moscú en el secuestro de decenas de miles de menores ucranianos. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, afirmó tras una reunión de ministros en Bruselas que «la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos es uno de los crímenes más graves cometidos en esta guerra».
Las medidas sancionatorias están dirigidas a responsables de la deportación ilegal y sistemática, que incluye el traslado forzado, la asimilación forzada, el adoctrinamiento y la educación militarizada, así como la adopción ilícita y el envío de menores a Rusia o a territorios ocupados temporalmente.
La UE subraya que estas acciones violan el derecho internacional, vulneran los derechos fundamentales de los niños y buscan borrar la identidad ucraniana para socavar las futuras generaciones.
Las sanciones comprenden la congelación de activos y la prohibición para los sancionados de acceder a fondos, recursos económicos o realizar viajes a territorio europeo. Actualmente, más de 130 personas y entidades están bajo estas restricciones, en respuesta a los secuestros de menores. Ucrania ha confirmado la deportación de más de 20.500 niños a Rusia, cifra que, según estimaciones de Yale, podría aproximarse a los 35.000, mientras Moscú sugiere que podría llegar a 700.000.
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, afirmó que estas acciones no son «simples daños colaterales», sino una política deliberada de destrucción de la identidad ucraniana, que obliga a los niños a olvidar su origen, idioma y cultura. Además, se han sancionado siete entidades, incluyendo instituciones educativas federales rusas, que, en coordinación con las autoridades de ocupación, promueven programas de adoctrinamiento, educación ideológica y actividades militares dirigidas a menores ucranianos.
La ministra letona de Exteriores, Baiba Braže, advirtió que Rusia intenta borrar la identidad de los niños, lo cual constituye una conducta grave, similar a la característica del genocidio según la Convención internacional. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra relacionados con estos secuestros.
Por otro lado, la UE, junto a Canadá, coordinó una reunión de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, con el objetivo de aumentar la presión diplomática sobre Rusia y mejorar los esfuerzos para verificar y localizar a los menores secuestrados. La comisaria europea Marta Kos expresó que «el robo de niños es una de las facetas más atroces de esta guerra» y exigió que Rusia rinda cuentas por estos hechos.
A pesar de los avances, establecer responsabilidades legales sigue siendo difícil, ya que muchas de las víctimas han sido identificadas con documentos falsificados y están ocultas en el sistema ruso. Ucrania pide mayor presión sobre Rusia, no solo contra quienes facilitan los secuestros, sino también contra quienes adoptan forzosamente a los menores ucranianos mediante mecanismos en Rusia. Según informes, las autoridades rusas han creado un «catálogo» en línea para la adopción coercitiva de niños ucranianos, clasificados por edad, sexo y características físicas, con algunos etiquetados como «obedientes» o «tranquilos».
El Ministerio de Exteriores de Ucrania afirma que más de 2.000 niños ya han sido devueltos, pero miles aún permanecen en situación de espera, y reitera que «los niños ucranianos no son objeto de negociaciones ni compromisos. Su retorno es incondicional».
