La reforma laboral y el mito de la “industria del juicio”: cuando el relato político choca con los datos reales

En defensa del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, Bullrich calificó la iniciativa como “prudente” y sostuvo que, bajo la legislación vigente, una demanda laboral puede implicar indemnizaciones millonarias que llevan a la quiebra a las compañías.

Las declaraciones de la senadora nacional de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvieron a instalar en la agenda pública un viejo argumento: la idea de que los juicios laborales “fundan empresas” y que existe una supuesta “industria del juicio” que desalienta la inversión y el empleo.

Sin embargo, ese diagnóstico omite aspectos centrales del problema y, sobre todo, desconoce evidencia empírica que contradice el relato alarmista. El señalamiento político pone el foco casi exclusivamente en los trabajadores y en los abogados laboralistas, pero evita interpelar prácticas empresariales irregulares que suelen estar en el origen de muchos conflictos judiciales.

Casos como el de la empresa láctea Sancor —donde la Justicia investiga a directivos por la retención indebida de aportes a la seguridad social— muestran que no siempre se trata de abusos del sistema judicial, sino de incumplimientos concretos de la normativa laboral.

En esta línea, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó el año pasado un extenso informe en el que desarma la noción de una “industria del juicio” promovida por sindicatos y trabajadores. Allí se subraya que el fuero laboral y el Derecho del Trabajo no son un obstáculo para el desarrollo económico, sino una herramienta institucional creada precisamente para equilibrar una relación estructuralmente desigual: la que existe entre empleadores y empleados.

La existencia de tribunales especializados, lejos de ser un privilegio sectorial, garantiza la tutela efectiva de derechos consagrados constitucionalmente y sostiene la legalidad en el mundo del trabajo.

Los datos oficiales refuerzan este planteo. Entre 2014 y 2023, la Justicia Nacional del Trabajo dictó alrededor de 257.000 sentencias definitivas, un promedio de 25.700 por año.

Si se compara esa cifra con los aproximadamente cinco millones de personas ocupadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las sentencias representan apenas el 0,5% anual de la fuerza laboral. Lejos de una litigiosidad desbordada, se trata de niveles acotados y relativamente estables, incluso en un contexto de deterioro del empleo, aumento del trabajo informal y caída de la actividad económica.

Los informes más recientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirman esa tendencia: no hay un crecimiento exponencial de juicios laborales ni un uso masivo y fraudulento del sistema judicial.

Por el contrario, la mayoría de los conflictos se resuelve por vías administrativas, negociaciones directas o instancias de conciliación. El acceso a la Justicia aparece como la excepción, reservada para los casos más graves o para situaciones en las que no hubo otra alternativa.

Otro punto que suele distorsionarse en el debate público es el impacto de los juicios por accidentes laborales. La mayor parte de estas demandas se dirige contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), creadas justamente para absorber el costo de los siniestros y evitar que un hecho aislado ponga en jaque a una pyme.

Solo en situaciones de empleo no registrado o irregular el empleador queda directamente expuesto. Aun así, los juicios por accidentes representan poco más del 1% de los trabajadores registrados, una proporción consistente con los promedios históricos del país.

En paralelo, atribuir la pérdida de empleo a los derechos laborales o a su defensa judicial resulta, como mínimo, simplificador. La propia Unión Industrial Argentina reconoció que la destrucción de puestos de trabajo responde principalmente a la caída del nivel de actividad y del consumo, con sectores enteros —como la construcción, el textil o el calzado— registrando contracciones de hasta el 30%. En ese escenario, responsabilizar a los trabajadores y a sus abogados desvía la atención del problema de fondo: una economía en recesión que no genera empleo.

Es cierto que la duración excesiva de los juicios laborales constituye una falencia grave del sistema y que la inflación distorsiona el cálculo de las indemnizaciones. Pero esa situación no puede cargarse sobre los hombros de quienes reclaman o defienden derechos reconocidos por la ley. La demora judicial responde, en gran medida, a la falta de reformas procesales adecuadas y al déficit de jueces y recursos en el fuero laboral, responsabilidades que recaen en el poder político.

En definitiva, los números oficiales y la experiencia concreta en los tribunales desmontan la idea de una “industria del juicio” generalizada. Lo que existe es un acceso limitado a la Justicia, ejercido por una minoría de trabajadores que, en general, llegan a esa instancia tras enfrentar incumplimientos reales. Presentar a los derechos laborales como un obstáculo para el crecimiento no solo empobrece el debate público, sino que instala un mensaje regresivo: que el desarrollo económico se logra debilitando la protección de la parte más vulnerable. La historia y los datos muestran exactamente lo contrario.