La mitad del país trabaja sin derechos: el empleo formal cae al 49% y crece la precarización bajo el ajuste
Mientras el discurso oficial celebra un supuesto “mercado libre” del trabajo, la mitad de los argentinos produce sin derechos, sin estabilidad y sin futuro. La informalidad, lejos de ser una anomalía, se consolida como la nueva norma del mercado laboral argentino.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expone con crudeza la realidad del mercado laboral argentino: por primera vez en más de una década, los trabajadores registrados representan menos de la mitad del total.
Solo el 49% de los 22,5 millones de empleos existentes están en blanco, mientras que el 51% restante corresponde a cuentapropistas y asalariados informales.
Lejos del relato oficial sobre la “recuperación del empleo”, los números revelan una expansión sostenida de la precarización. En comparación con 2023, hay 58 mil trabajadores registrados menos y 350 mil nuevos empleos entre el trabajo no registrado y el cuentapropismo, categorías que muchas veces esconden relaciones laborales encubiertas. La tendencia no es nueva —en 2016 los informales y cuentapropistas eran el 47%—, pero se acelera con fuerza en el actual contexto de recesión, caída del consumo y políticas de ajuste.
El detalle sectorial muestra que el personal de casas particulares lidera el empleo en negro, con más de 1,1 millones de trabajadoras sin registrar, seguido por el comercio, la construcción y el agro. Entre los cuentapropistas, predominan también los rubros de comercio, construcción e industria manufacturera, donde la figura del “monotributista dependiente” se volvió regla antes que excepción.
En paralelo, el debate político sobre las soluciones reproduce dos modelos enfrentados. El gobierno de Javier Milei promueve una reforma laboral de corte flexibilizador, impulsada por figuras como Federico Sturzenegger, que plantea eliminar indemnizaciones, extender las jornadas a 12 horas y reducir la protección sindical. La promesa es que esas medidas “liberen” la contratación y formalicen a los trabajadores hoy en negro, aunque sin ofrecer garantías de estabilidad ni salario digno.
Del otro lado, los bloques opositores vinculados al sindicalismo proponen el camino inverso: reducir la jornada laboral sin baja salarial, fortalecer los controles al empleo no registrado y distribuir el trabajo existente. Desde la CTA y el Frente de Izquierda sostienen que una reducción a 40 o incluso a 30 horas semanales podría generar más de un millón de nuevos puestos, si se aplicara en las grandes empresas.
La estadística del INDEC deja al descubierto que el modelo económico vigente no genera empleo genuino, sino fragmentación social.
