La Justicia avanza sobre el celular del contratista vinculado a Manuel Adorni
El resultado de ese análisis podría ser determinante para establecer si las irregularidades denunciadas se limitan a aspectos administrativos o si, por el contrario, configuran un esquema más complejo con implicancias penales.
La decisión del juez Ariel Lijo de ordenar el peritaje del celular del contratista Matías Tabar introduce un nuevo eje en la investigación que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Más allá de los montos declarados —que ascienden a 245 mil dólares abonados en efectivo por obras en una propiedad privada—, el foco judicial comienza a desplazarse hacia la trama de vínculos y comunicaciones que rodean la operación.
El análisis técnico del dispositivo, solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, busca recuperar mensajes que podrían haber sido eliminados o configurados para autodestruirse. Este punto resulta clave: no solo se intenta verificar la existencia de intercambios entre el funcionario y el contratista, sino también determinar si hubo intentos de influir en el testimonio de un actor central en la causa.
En ese sentido, la declaración de Tabar añade un elemento sensible. Según sostuvo, habría recibido llamadas efímeras por WhatsApp antes de presentarse ante la Justicia, en las que se le ofrecía orientación. Aunque el contratista aseguró haber desestimado esa propuesta, el solo hecho de que se investigue esta posibilidad refuerza la hipótesis de un eventual intento de interferencia.
Sin embargo, no todos los planteos avanzaron en la misma dirección. El fiscal Pollicita rechazó el pedido de detención impulsado por la diputada Marcela Pagano, quien había advertido sobre un posible riesgo de entorpecimiento. Esta negativa sugiere que, al menos por ahora, la Justicia no considera que existan elementos suficientes para adoptar medidas restrictivas contra el funcionario, aunque sí para profundizar la recolección de pruebas.
El caso también expone prácticas que suelen estar bajo escrutinio en investigaciones de este tipo: pagos en efectivo, ausencia de facturación y obras de alto valor en plazos relativamente breves. En conjunto, estos factores no constituyen por sí mismos un delito, pero sí configuran un contexto que la Justicia considera relevante analizar en detalle.
