La Justicia acorrala a Manaos: fallo firme obliga a la empresa a pagar 800 millones de indemnización
La decisión de la Corte de Mendoza de rechazar el último recurso presentado por la firma no solo cierra el camino legal, sino que también impone un plazo breve para cumplir con la indemnización, bajo riesgo de que el monto continúe incrementándose por intereses.
La empresa de bebidas Manaos enfrenta un escenario judicial adverso tras quedar firme una sentencia que la obliga a pagar más de $800 millones a un ex trabajador.
El fallo deja sin margen de maniobra a Refres Now, la compañía responsable de la marca, luego de un extenso proceso en el que intentó trasladar el caso al ámbito de la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, los jueces provinciales consideraron que no existía una cuestión federal que justificara esa instancia, al tratarse de un conflicto basado en hechos y regulado por el derecho común.
Desde una mirada analítica, la resolución pone en evidencia los límites del uso de recursos extraordinarios como estrategia dilatoria en litigios laborales. La Corte mendocina fue clara al señalar que los argumentos de la empresa ya habían sido revisados, lo que refuerza la idea de un agotamiento procesal más que de una controversia jurídica novedosa.
El origen del conflicto remite a un ex distribuidor que trabajó durante casi una década en varias provincias y que denunció irregularidades estructurales: empleo no registrado, descuentos indebidos y maniobras de evasión previsional. El caso refleja prácticas que, de confirmarse en otros ámbitos, podrían tener impacto más allá de una disputa individual, especialmente en sectores con esquemas de contratación flexibles o informales.
Aunque en instancias previas la indemnización había alcanzado cifras cercanas a los $1.500 millones, la intervención de la Corte provincial redujo significativamente los intereses aplicados, tomando como referencia parámetros más acotados. Aun así, el monto final —superior a los $807 millones— sigue siendo considerable y podría aumentar si no se concreta el pago en el plazo fijado.
El fallo también reabre el debate sobre los criterios de cálculo en indemnizaciones laborales de gran escala y el equilibrio entre reparación al trabajador y sostenibilidad empresarial. En su momento, el titular de la compañía, Orlando Canido, había cuestionado duramente la sentencia, calificándola de desproporcionada, lo que refleja la tensión entre el sector privado y el sistema judicial en este tipo de litigios.
En definitiva, el caso no solo implica un fuerte impacto económico para la empresa, sino que también funciona como precedente sobre cómo la Justicia aborda denuncias de precarización laboral y limita la extensión de disputas a instancias superiores sin fundamentos sólidos.
