La industria metalúrgica en picada: cayó el 11,7% en la era Milei, paralización salarial y ola de conflictos

La industria metalúrgica argentina atraviesa un momento crítico. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la actividad del sector cayó más de 11 puntos y aún no logra signos concretos de recuperación, según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A pesar de una leve suba interanual del 3,3% en lo que va de 2025, la producción se encuentra 14,5% por debajo de sus picos históricos, en un contexto de apertura importadora, paritarias sin homologar y creciente conflictividad laboral.

El informe de ADIMRA refleja una caída del 1,1% en la actividad durante mayo respecto de abril, consolidando una tendencia inestable y preocupante. El repunte interanual no alcanza para revertir el desplome acumulado y la utilización de la capacidad instalada permanece por debajo del 50%, lo que sugiere una desaceleración estructural más que coyuntural.

Uno de los factores más alarmantes del informe es el avance sostenido de las importaciones de bienes metalúrgicos, que crecieron un 29,4% interanual en abril, con récords en el ingreso de bienes de capital. Mientras tanto, las exportaciones crecieron apenas un 7,4%, sin poder equilibrar la balanza. Para ADIMRA, esta dinámica revela un modelo económico que “favorece sistemáticamente la apertura importadora en detrimento del desarrollo productivo nacional”, en contraposición con los países desarrollados, donde la industria metalúrgica es pilar estratégico.

Esta política de apertura sin red genera un doble daño: erosiona el aparato productivo local y presiona sobre el empleo industrial, que ya registra una caída interanual del 1,9%. En palabras simples: las empresas compran afuera lo que antes producían adentro, y despiden trabajadores porque ya no necesitan fabricar.

UOM: salarios frenados, conflictos en alza

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) enfrenta un frente de batalla múltiple. Por un lado, logró un acuerdo paritario para la rama metalmecánica que incluye aumentos progresivos y sumas no remunerativas. Sin embargo, el Gobierno nacional —que mantiene una política explícita de moderación salarial— se niega a homologarlo, dejando a las empresas con la excusa perfecta para no pagar.

Este boicot institucional a los acuerdos firmados entre partes debilita aún más la posición de los trabajadores, y sienta un precedente preocupante para el resto del movimiento sindical. La ley establece que si el Estado no responde en 30 días, el acuerdo se considera homologado de forma tácita. Pero esa táctica de dilación se convierte en una herramienta de presión para forzar ajustes a la baja en futuras negociaciones colectivas.

Parálisis económica y tensión sindical

La consecuencia directa de esta combinación de caída de actividad, salarios licuados y nula intervención estatal es un aumento sostenido de la conflictividad. Ya hubo un paro por tiempo indeterminado en la planta Tenaris Siat de Lanús, parte del grupo Techint, por despidos y cambios unilaterales en las condiciones de trabajo.

La medida se tomó, además, en pleno proceso de conciliación obligatoria, lo que agudiza la tensión entre trabajadores y empleadores.

El gremio también enfrenta un conflicto abierto en Tierra del Fuego, donde los trabajadores rechazaron el acuerdo firmado por la UOM nacional y reclaman asambleas abiertas, lo que refleja un creciente descontento de las bases con la conducción gremial tradicional y con las políticas del Ejecutivo.

Industria relegada en nombre del “orden”

La situación de la industria metalúrgica es un espejo de lo que ocurre en otros sectores estratégicos del aparato productivo nacional. En nombre de la “estabilidad macroeconómica”, se está desmantelando parte del entramado industrial argentino, mientras se expande la lógica del ajuste, la precarización y el reemplazo del trabajo local por importaciones.

Bajo este modelo, el país corre el riesgo de transformarse en una economía desindustrializada, dependiente y sin capacidad de generar empleo de calidad. Lo que está en juego no es solo una paritaria o una estadística de producción: es el futuro de un sector clave para el desarrollo nacional.

Mientras tanto, el Gobierno sigue sin ofrecer señales claras de apoyo al aparato productivo ni a los trabajadores que lo sostienen. En ese contexto, la conflictividad solo puede escalar, y el rumbo económico, lejos de estabilizarse, se encamina hacia una mayor fragmentación social y económica.