«La entrega avanza»: Kicillof acusó al Gobierno de complicidad con fondos buitre tras el revés judicial por YPF

“Lo más grave no es el fallo, sino que el propio presidente elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger”, lanzó Kicillof en un mensaje con fuerte carga política, que incluyó referencias al rol histórico de la estatización de YPF y a la defensa de los recursos estratégicos del país.

La disputa internacional por el control de YPF volvió a encender tensiones políticas en la Argentina. Tras el fallo adverso de la jueza estadounidense Loretta Preska, que habilita la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a fondos buitre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce con un discurso encendido y acusó al presidente Javier Milei de alinearse con los intereses extranjeros.

Kicillof calificó la sentencia como un “disparate jurídico” y una “intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”, al tiempo que denunció una ofensiva para avanzar sobre activos clave como Vaca Muerta. Según su mirada, la actual gestión de Milei no solo no defiende a la petrolera, sino que fomenta la entrega de sus recursos a corporaciones y fondos del exterior.

La polémica escaló aún más cuando el mandatario bonaerense ironizó sobre la participación del presidente en un streaming vestido con un mameluco de YPF, sugiriendo que mientras la empresa enfrentaba un fallo millonario, Milei se dedicaba a trivializar su importancia estratégica. “A esta altura, qué duda cabe de que este Gobierno Nacional no defiende a la Argentina”, apuntó, elevando el tono de confrontación.

Además, Kicillof puso el foco en José Luis Espert, candidato oficialista, a quien acusó de impulsar la privatización de YPF, y anunció una conferencia de prensa para profundizar su posición y movilizar apoyo frente a lo que describió como una amenaza a la soberanía energética nacional.

Detrás de la retórica, la crítica de Kicillof expone un punto incómodo para el oficialismo: el proceso de expropiación de YPF, defendido como política de Estado desde 2012, quedó ahora envuelto en un complejo entramado judicial que combina fallos internacionales con la aparente indiferencia —o incluso anuencia— del actual Gobierno. En la lectura del gobernador, la Casa Rosada no solo no resistió el avance de los acreedores, sino que se mostró permeable a sus reclamos, reabriendo viejas heridas sobre la dependencia financiera y la autonomía en la gestión de recursos estratégicos.

Este nuevo capítulo revela cómo el litigio por YPF sigue siendo mucho más que una cuestión empresarial: es la punta de lanza de un debate profundo sobre el modelo de desarrollo, la soberanía energética y el rol del Estado en la explotación de recursos naturales. En palabras de Kicillof, “YPF volvió a estar al servicio del desarrollo nacional” tras la expropiación, y la ofensiva judicial amenaza con desandar ese camino.

En un país acostumbrado a pleitos millonarios con acreedores extranjeros, la batalla por la petrolera no solo reactiva la memoria de los fondos buitre, sino que también expone el delicado equilibrio entre política, justicia internacional y recursos estratégicos. Kicillof busca ahora capitalizar el malestar de sectores que ven en YPF un símbolo de soberanía, en un tablero político donde Milei no parece dispuesto a librar la misma pelea.