La Corte Suprema de EE.UU. ordena el retorno de migrante salvadoreño deportado por “error administrativo”
En un fallo histórico que representa un revés para el gobierno de Donald Trump, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó el retorno inmediato del migrante salvadoreño Kílmar Armando Ábrego García, quien fue deportado erróneamente a El Salvador a pesar de contar con un estatus de protección migratoria.
La decisión, confirmada este 10 de abril, respalda la orden previa emitida por la jueza federal Paula Xinis, quien determinó que la deportación fue ejecutada en violación de los procedimientos legales vigentes y sin que se agotaran los mecanismos de revisión correspondientes.
Ábrego García fue deportado el pasado 16 de marzo y actualmente se encuentra recluido en el CECOT, la mega cárcel salvadoreña conocida por albergar a presuntos miembros de pandillas bajo estrictas medidas de seguridad.
La Corte ordena al gobierno facilitar el retorno
En su fallo, el máximo tribunal estadounidense indicó que el Departamento de Justicia debe facilitar el retorno del migrante, dejando en manos de la jueza Xinis la tarea de precisar los pasos que el Ejecutivo deberá seguir para concretar el proceso. La Corte también desestimó el argumento del gobierno de que ya no tenía jurisdicción sobre Ábrego García por encontrarse bajo custodia de autoridades salvadoreñas.
La deportación fue reconocida como un “error administrativo” tanto por el Departamento de Justicia como por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), aunque ambos mantuvieron la acusación de que Ábrego era presunto miembro de la MS-13, razón por la cual alegaban que debía abandonar el país. Sin embargo, no presentaron pruebas suficientes ni se le permitió al migrante ejercer plenamente su derecho al debido proceso legal.
Presión política y silencio de El Salvador
La familia de Ábrego García ha recibido apoyo público de varios congresistas y senadores demócratas, quienes el 9 de abril exigieron su retorno y denunciaron la violación de sus derechos. A pesar de la controversia, el gobierno de El Salvador no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso ni ha confirmado la situación legal de Ábrego dentro del sistema penitenciario del país.
El caso expone los riesgos de los errores administrativos dentro de la política migratoria estadounidense y revive el debate sobre el uso político del sistema de deportaciones durante la administración Trump. Asimismo, pone de manifiesto los desafíos del sistema judicial para corregir acciones ejecutivas cuestionables en materia de derechos humanos y migración.
Con la decisión de la Corte Suprema, ahora el Ejecutivo está legalmente obligado a trabajar para que Ábrego García pueda regresar a Estados Unidos, lo que podría marcar un precedente importante para otros migrantes deportados de forma irregular.
